“Tuvo que pasar esto para ser escuchados”: sindicato audiovisual tras tragedia en rodaje
Tras el hecho que dejó tres muertos durante un rodaje en Bogotá, ANTA denuncia jornadas de hasta 24 horas, falta de protocolos y ausencia de regulación en un sector donde —según advierten— “se normalizó el riesgo”.
Filming with professional camera / HAYKIRDI
La muerte de tres personas en medio del rodaje de la novela comlombiana ‘Sin senos si hay paraiso 4′ en Bogotá no solo sacudió a la industria audiovisual colombiana.
Para quienes trabajan detrás de cámaras, lo ocurrido es la evidencia más extrema de un problema que —según denuncian— lleva años acumulándose en silencio: condiciones laborales precarias, falta de garantías y decisiones de producción que pueden poner en riesgo la vida de los equipos.
Desde la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA), el mensaje fue inmediato: la producción de este rodaje involucrado debe detenerse, así lo indicaron en un pronunciamiento previo al suceso.
“Por el día de hoy pararon la labor. Igualmente, tendrían que hacerlo, no solamente por un hecho de humanidad, sino porque hay una investigación de por medio y trabajadores profundamente afectados”, afirmó Lili Bonil, presidenta del sindicato, en entrevista con Caracol Radio.
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Tras el hecho, el equipo fue dividido en dos grupos con Lili Bonil en estos microfonos: uno directamente impactado por la tragedia y otro correspondiente a unidades paralelas de producción. Aunque hubo un cese temporal de actividades, no hay claridad sobre si el rodaje se reanudará, lo que mantiene en incertidumbre a quienes hacen parte del proyecto.
Pero más allá de la suspensión, el sindicato insiste en que el país está frente a una discusión más profunda: las condiciones en las que se está produciendo contenido audiovisual en Colombia.
Una tragedia que destapa fallas estructurales de años atras
Para ANTA, lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado.
“Esto deja una serie de preguntas sobre protocolos de seguridad, sistemas de salud y cómo se atiende un desastre o un accidente laboral”, señaló Bonil.
Se trata, según el sindicato, de interrogantes que llevan tiempo sin respuesta en una industria que ha crecido rápidamente, impulsada por incentivos y el aumento de producciones nacionales e internacionales, pero sin que ese desarrollo haya estado acompañado de un fortalecimiento en los sistemas de protección para los trabajadores.
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En ese contexto, incluso decisiones operativas como la elección de locaciones entran hoy en cuestionamiento.
“No había la necesidad de utilizar una locación peligrosa. Muchas cosas se pudieron prever”, afirmó la presidenta de ANTA.
En ese orden el sindicato insiste en que lo ocurrido se dio en el marco de la actividad laboral, lo que abre un debate directo sobre responsabilidades.
“Esto le sucedió dentro del trabajo, entonces es una responsabilidad de ellos, de la productora”, enfatizó Bonil, tras un primer contacto con la productora encargada del proyecto, en este caso TIS Productions.
Ese acercamiento, sin embargo, fue limitado. Según Lili Bonil presidenta del sindicato, no ha habido hasta ahora una respuesta de fondo por parte de la casa productora o del canal, más allá de la atención médica a los heridos y el acompañamiento jurídico a algunas de las personas involucradas.
Sin embargo, más allá del incidente lamentable, el sindicato solicitó la instalación de una mesa con el Ministerio de Cultura, entidades del sector y trabajadores afectados, con el objetivo de discutir medidas urgentes y revisar lo ocurrido desde un enfoque institucional.
Jornadas de hasta 24 horas: la denuncia más grave
Si hay un punto que atraviesa toda la denuncia es el de las condiciones laborales, que se suma al hecho.
“Nosotros trabajamos 12 horas. Estamos por fuera de la ley”, afirmó Bonil.
Pero lo que describe va mucho más allá de ese límite. Según su presidenta, en la industria audiovisual se han normalizado jornadas que pueden extenderse a 14 y 18 horas continuas, e incluso más.
“Yo he llegado a 21 horas en un set, y hay compañeros que han doblado a 24”, denunció.
Para ANTA, estas prácticas no son excepcionales, sino parte de una lógica de producción que prioriza tiempos y costos por encima del bienestar de los trabajadores.
“Esto es simplemente por guardar el dinero, por no tener una segunda unidad de trabajo que reemplace a otros”, explicó Bonil.
Las consecuencias, advierten, son directas: el agotamiento físico y mental reduce la capacidad de reacción y aumenta significativamente el riesgo de accidentes.
“¿A qué persona le cabe en la cabeza que después de 12 horas va a trabajar igual? A absolutamente nadie”, cuestionó.
En este orden aseguran que las irregularidades ya están siendo llevadas a instancias formales, por las constantes denuncias acumuladas a traves del tiempo.
“Tenemos querellas establecidas en el Ministerio de Trabajo. Esto es algo histórico”, señaló Bonil.
Sin embargo, la denuncia va más allá de casos puntuales. Según ANTA, los mayores incumplimientos provienen, paradójicamente, de las empresas con mayor capacidad económica dentro del sector.
“Las grandes casas productoras son las que más violan derechos”, afirmó.
Entre las fallas más recurrentes, el sindicato señala la ausencia de mecanismos obligatorios como los comités de seguridad y salud en el trabajo y las instancias para atender casos de acoso laboral, puesto que “Son cosas mínimas que no se están dando en el sector”, advirtió Bonil.
El silencio en la industria: miedo al veto
Otro de los factores que ha permitido que estas prácticas se mantengan es el temor de los trabajadores a denunciar.
“En el sector se maneja mucho el veto sindical”, explicó Bonil.
En una industria caracterizada por la informalidad y la contratación por proyecto, alzar la voz puede significar quedar por fuera de futuras producciones.
Sin embargo, el sindicato asegura que ese escenario empieza a cambiar.
“Las personas se están comenzando a hacer más conscientes… ya saben que no están solas y que hay mecanismos de atención, y por eso esta el sindicato, para brindar ese acompañamiento”, afirmó.
Por optro lado, pese a su crecimiento, el sector audiovisual colombiano sigue operando sin una ley propia que regule de manera integral sus condiciones laborales.
“No tenemos una ley específica del audiovisual. Hay generalidades, pero necesitamos marcos que regulen toda nuestra labor”, advirtió Bonil.
Este vacío, según ANTA, deja a los trabajadores en una zona de incertidumbre donde las condiciones dependen de cada producción y/o productora y no de estándares claros y obligatorios.
Por ello, el sindicato ha planteado la necesidad de crear un organismo interinstitucional especializado, establecer mesas exclusivas para el sector audiovisual y fortalecer la intervención del Estado.
“Este es el momento de la actualización”, insistió.
“Tuvimos que llegar a esto para ser escuchados”
El cierre de la denuncia en comunicación con Caracol Radio deja una de las frases más contundentes del caso.
“Todavía me cuesta asimilar que hubiéramos tenido que llegar a este extremo para ser escuchados”, dijo la presidenta de ANTA.
Para el sindicato, lo ocurrido no solo es una tragedia aislada, sino la evidencia de un modelo que —si no se revisa— podría repetirse.
Un sector que proyecta la imagen, el arte y corazón del país al mundo, pero que, puertas adentro, enfrenta cuestionamientos profundos sobre cómo trabaja, en qué condiciones y a qué costo humano.