Gobernador Carlos Amaya encarga de la alcaldía de Tunja a Carlos Gabriel Hernández Carrillo

Tunja

Mediante Decreto 0308 del 16 de abril de 2026 el gobernador de Boyacá, Calos Amaya encargó de la alcaldía de Tunja a Carlos Gabriel Hernández, secretario de Planeación del municipio, para dar cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de la ciudad para el periodo 2024 – 2027.

“Tras haber sido notificado el día de ayer, damos cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, ratificado por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. En consecuencia, y para garantizar la continuidad institucional, designamos como alcalde encargado a Carlos Gabriel Hernández Carrillo, quien ya venía ejerciendo estas funciones en las últimas semanas”.

El gobernador Amaya anunció qué es lo que sigue en ese proceso.

“De igual forma, solicitaremos al partido La Fuerza de la Paz la presentación de la terna correspondiente, con el fin de proceder a la designación del alcalde encargado mientras los tunjanos eligen en las urnas a su nuevo mandatario”.

El paso siguiente, luego del encargo es convocar a elecciones atípicas y el gobernador ya anunció reuniones para la organización electoral.

“En los próximos días, en coordinación con la Registraduría, se acordará y dará a conocer la fecha de la elección. Todo este proceso se adelanta con pleno respeto por la institucionalidad y con el propósito de asegurar el desarrollo y bienestar de la capital boyacense”.

Amaya confirmó que el miércoles 22 de abril se realizará un Consejo de Gobierno bilateral para revisar los proyectos estratégicos de impacto para Tunja.

Así las cosas, termina la corta historia de Mikhail Krasnov en la alcaldía de Tunja, pero tendrá que seguir respondiendo ante las autoridades que le siguen varios procesos.

En la fiscalía Krasnov es investigado por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos por entregarle un contrato al abogado Juan Sebastián Ramírez García para que retirara una demanda de nulidad en el Tribunal Administrativo de Boyacá y además el pasado 15 de abril la fiscalía le imputó cargos por asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, abuso de función pública, interés indebido en la celebración de contratos, por presuntas irregularidades en la empresa Ecovivienda.

Y otros dos procesos en la Procuraduría, uno de ellos que ya falló en primera instancia donde fue destituido e inhabilitado por 14 años.