Nuevo Supersalud y efectos de la emergencia económica

En Hora20 el análisis al nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud; un nuevo revés para el gobierno en materia tributaria y política, lo que implica devolver los pagos que hicieron los contribuyentes durante la emergencia económica, las señales de inseguridad jurídica para las empresas y los ciudadanos, al tiempo que crecen las tensiones Gobierno-Banco de la República. Después, la constante del presidente Petro de no acatar los fallos judiciales en los que se le exige retractarse de sus afirmaciones.

Lo que dicen los panelistas

Guillermo Rivera, exministro del Interior, excongresista y exembajador en Brasil, comentó que el nombramiento de Quintero es una provocación, “es terrible esa designación porque él está imputado y enfrenta un proceso judicial en una etapa en la que Fiscalía determina que hay responsabilidad”. También se preguntó qué pensará el ministro Jaramillo de la designación de Quintero, “él no estuvo de acuerdo con la designación a Jorge Iván Ospina. Lo que se avecina es crítico porque las actuaciones de Quintero serán limitadas”.

Sobre la emergencia económica dijo que si bien se esperaba que se declarara inexequible ante la falta de argumentos y la debilidad de la idea del hundimiento de la ley de financiamiento, aclaró que toca esperar qué ocurre con la segunda emergencia económica que se decretó bajo el argumento de la crisis invernal. Por otro lado, cree que el precedente de la medida cautelar en el caso de la emergencia económica de diciembre del 2025 es peligroso.

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Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, experto en derecho constitucional y administrativo, explicó que Daniel Quintero sí puede asumir como superintendente, teniendo en cuenta que no existe condena, responsabilidad penal o inhabilidad hasta el momento. Sin embargo, dijo que el debate debe concentrarse en la idoneidad ética, profesional y para el cargo, “los cargos de superintendente son sobre todo técnicos porque son cargos de poder de policía, inspeccionar, controlar, vigilar, pueden sustituir gerentes, miembros de EPS, IPS, pueden sancionar y destituir”. En ese sentido, declaró que la Superintendencia queda en cabeza de una persona que le declara la guerra a miembros del sistema sin ni siquiera tomar posesión, “es muy grave porque es poner al enemigo a juzgar a su propio contrincante, entonces a él le tocará declararse inhabilitado porque él se declaró enemigo del uribismo como funcionario público que inspecciona y vigila. Se debe declarar inhibido”.

Frente al tema de la emergencia económica explicó que la Corte Constitucional no se estrenó en el marco de esta decisión con el tema de la medida cautelar, “eso venía de antes con una ponencia aprobada en Sala Plena con mayoría. Es absolutamente razonable y constitucional para preservar el orden que la Corte pueda suspender leyes, precisamente para que la sentencia no llegue tarde o sea vacía”. Detalló que hay criterios excepcionales sobre la medida cautelar, “pero el mensaje jurídico-político es devastador porque era tan aberrante la inconstitucionalidad que toca suspender los términos y después declarar inconstitucional los decretos ley”.

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Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, planteó que parece configurarse un gobierno en el que nombrar funcionarios corruptos es una política pública, “¿de cuál uribismo habla el exalcalde si tienen intervenidas 8 EPS? El 60% del sistema desde 2023 es controlado por el Gobierno”. Advirtió que la figura del superintendente es ser juez y parte, investiga y sanciona, “hay paradoja porque el nuevo superintendente que está imputado por dos delitos va a vigilar al presidente de Nueva EPS, también imputado por corrupción”.

Sobre la decisión de la Corte y la devolución de lo recaudado en la emergencia económica, dijo que es la primera vez que la Corte pide que se devuelva el IVA, “la gente que compró licor, el supermercado recaudó el tributo, lo entregó a DIAN, ¿eso cómo se le devuelve al consumidor? Es muy complicado”. Sin embargo, recordó que la Corte al utilizar suspensión cautelar y que la estrenó con este caso sienta un precedente positivo, “ese supuesto de recoger dinero por varios meses mientras se falla de fondo, pues no, ahora hay suspensión cautelar y eso evita daño mayor”.

Finalmente dijo que cobrar impuestos inconstitucionales genera daño irreparable a las personas, pero al Estado también porque le toca endeudarse para pagar esa plata que ahora tiene que devolver.

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Luis Fernando Mejía, economista, CEO Lumen Economic Intelligence y exdirector del Departamento de Planeación Nacional, detalló que el manejo de la salud en este gobierno se ve reflejado en que un solo indicador ha tenido retroceso en índice de pobreza multidimensional: “las barreras de acceso al sistema de salud. El manejo que le otorga el gobierno, los bandazos, reformas fallidas y decretos generan agravamiento en acceso al sistema”.

Frente a la emergencia, señaló que la Corte le dice al gobierno que debe devolver los impuestos que cobró, “pero cumplir con esa sentencia es un lío porque en impuestos directo es fácil la devolución porque recae en la persona, pero en el indirecto es más complicado porque si no hay factura electrónica, va a ser difícil la devolución para empresas o consumidores; será tremendamente complicado por costos administrativos, además, porque no son altos montos”. Enfatizó que sería prejuzgar si la Corte implementó la medida cautelar en la emergencia económica porque vio una inconstitucionalidad, “lo más importante es evitar que haya daño irreparable mientras la Corte estudia a fondo la declaratoria de emergencia”.

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