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Defensoría del Pueblo alerta por fuerte recorte presupuestal y advierte impacto en derechos humanos

La entidad envió una carta al ministerio de Hacienda con el fin de revisar y corregir el presupuesto.

Defensoría del Pueblo vuelve a documentar hechos victimizantes en Pacelli, Tibú. / Foto: Defensoría del Pueblo.

Defensoría del Pueblo vuelve a documentar hechos victimizantes en Pacelli, Tibú. / Foto: Defensoría del Pueblo.

Colombia

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas ante la reducción sostenida de su presupuesto desde 2024 y un nuevo techo fijado por el Gobierno Nacional para 2027, que, de mantenerse, comprometería seriamente su capacidad en todo el país.

De acuerdo con la entidad, el presupuesto proyectado para 2027 es de $1,06 billones, lo que representa una disminución del 11 % frente a 2026 y del 17 % en comparación con 2024. El recorte afecta especialmente la inversión, que caería cerca de un 59 % respecto a 2024, pasando de más de $162.000 millones a cerca de $66.000 millones .

La Defensoría advirtió que esta tendencia rompe con más de una década de crecimiento presupuestal continuo y pone en riesgo funciones esenciales de protección y promoción de los derechos humanos en Colombia.

Impactos a la ciudadanía

Según explicó la defensora, Iris Marín, uno de los primeros efectos del ajuste se verá en la reducción de misiones humanitarias en terreno, debido a menores recursos para viáticos, desplazamientos y operación de equipos en zonas apartadas.

Asimismo, se verían afectadas las llamadas “casas de derechos”, sedes comunitarias en regiones con alta vulnerabilidad y baja presencia del Estado.

La Defensoría indicó que ya ha tenido que frenar la apertura de nuevas sedes y operar algunas con personal reducido.

El recorte también impactaría el sistema de defensoría pública, con una eventual disminución en el número de defensores disponibles, lo que podría afectar el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.

Otro punto crítico es la sostenibilidad de programas dirigidos a jóvenes en situación de riesgo, incluidos aquellos enfocados en prevenir el suicidio, el reclutamiento forzado y otras vulneraciones.

Carta al Ministerio de Hacienda

En una carta enviada al Ministerio de Hacienda, la defensora del pueblo, Iris Marín, solicitó reconsiderar el techo presupuestal asignado, argumentando que la reducción “vulnera el principio de autonomía constitucional” de la entidad y limita el cumplimiento de sus funciones .

El documento también señala que la disminución de recursos ocurre en un contexto de aumento en las vulneraciones de derechos humanos y de mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía, lo que agrava el impacto del recorte.

Recordando que Colombia tuvo el mayor número de masacres desde 2020, para el primer trimestre en 2026, con 35 casos frente a 27 reportados en el mismo periodo de 2025.

“La financiación no es un asunto técnico, sino una condición esencial para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos”, advierte la defensora.

María Fernanda Latorre

María Fernanda Latorre

Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...

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