Triple A detecta más de 34 mil conexiones ilegales en Atlántico

La empresa Triple A reveló la magnitud que ha alcanzado el delito de defraudación de fluidos en el departamento del Atlántico, tras identificar más de 34 mil conexiones ilegales desde 2024 hasta la fecha.

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El balance presentado por la compañía demostró que, entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se detectaron 32.018 irregularidades, lo que permitió recuperar cerca de 4 millones de metros cúbicos de agua, valorados en más de 21 mil millones de pesos.

De acuerdo con la compañía, este volumen sería suficiente para garantizar el suministro de un municipio como Ponedera durante casi dos años. “Son cifras que hablan de la dimensión del problema, pero también de la capacidad de respuesta de la empresa”, señala el comunicado.

Irregularidades continúan en 2026

En lo corrido de 2026, la situación no ha disminuido. La empresa reportó 2.110 irregularidades adicionales, con un volumen cercano a los 446 mil metros cúbicos de agua, equivalentes a más de 2 mil millones de pesos. Esta cantidad podría abastecer durante dos meses a un municipio como Santo Tomás.

El gerente general de Triple A, Ramón Hemer Redondo, advirtió sobre el impacto directo de estas prácticas en los usuarios legales. “El agua que se pierde por una conexión ilegal es agua que deja de llegar a una familia, a un negocio, a una comunidad que tiene el derecho de recibir el líquido con presión, calidad y continuidad”, afirmó.

Entre los casos más relevantes se encuentran dos detectados en el municipio de Soledad. En uno de ellos, un establecimiento que reunía varias actividades comerciales operaba con un medidor manipulado, generando pérdidas por más de 4.000 metros cúbicos. En otro predio, donde funcionaban varios negocios, se halló una acometida no autorizada que ocasionó pérdidas superiores a 4.500 metros cúbicos, siendo el caso más significativo en zona urbana.

Casos en Barranquilla y zonas rurales

En Barranquilla, tres situaciones llamaron la atención de la empresa. Una de ellas ocurrió en el barrio La Sierra, donde un expendio de carnes operaba con una derivación ilegal. Otro caso se registró en San Felipe, donde un predio residencial era utilizado con fines comerciales, evidenciando un consumo real muy superior al facturado. El tercer hallazgo involucró a la Clínica San Martín, donde se detectó una conexión subterránea no autorizada.

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En zonas rurales, las irregularidades también son significativas. En Ponedera, una finca conocida como Asturias registró una de las mayores pérdidas del año, con 9.000 metros cúbicos de agua no contabilizados. Asimismo, en una granja piscícola cercana se detectó una conexión ilegal reincidente, con antecedentes de procesos previos por defraudación.

La empresa explicó que la estimación de consumos no facturados se realiza con base en un periodo de cinco meses, conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994 y el contrato de condiciones uniformes. Esto permite recuperar parte de las pérdidas cuando se comprueba la existencia de fraude.

Finalmente, Triple A indicó que todos los casos detectados en 2026 han sido trasladados a instancias judiciales.