Contraloría advierte vacíos financieros en decretos de emergencia económica y nuevos impuestos
La contralora delegada para la economía, Jenny Lindo, habló con Caracol Radio y alertó fallas en la planeación de los $8 billones que el Gobierno busca recaudar para atender la emergencia económica.
La Contraloría General de la República encendió las alertas tras revisar 18 decretos de emergencia económica y social expedidos por el Gobierno para atender la crisis en ocho departamentos, principalmente del Caribe, Antioquia y Chocó.
Jenny Lindo, contralora delegada para la economía y las finanzas, explicó en 6 AM W con Julio Sánchez Cristo, que el principal problema es la ausencia y los vacíos en un modelo financiero que no es claro. Es decir, no se detallan con precisión las cuentas, proyecciones y fuentes que justifican por qué se necesitan los más de $8 billones para atender la emergencia económica
En otras palabras, un modelo financiero permite entender de dónde saldrá el dinero, cómo se va a gastar y si realmente es suficiente o excesivo. Sin esa hoja de ruta, la Contraloría no puede verificar si los recursos están bien calculados ni hacer seguimiento adecuado a su uso.
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Las dudas sobre la justificación de los impuestos
A pesar de que el Gobierno ha justificado los decretos por las situación de los habitantes en las zonas afectadas, la contralora advierte que uno de los puntos más sensibles es la creación de nuevos impuestos como el del impuesto al patrimonio, que empezará a cobrarse en abril.
Este tributo grava los bienes acumulados de personas o empresas con alto nivel de riqueza. Sin embargo, la Contraloría advirtió que no se han presentado los estudios técnicos que expliquen cuánto se espera recaudar ni cómo ese dinero cubrirá las necesidades de la emergencia.
Además, la contralora hizo un llamado a la DIAN, la entidad encargada de recaudar impuestos, para que garantice que tiene la capacidad operativa suficiente. Esto implica contar con sistemas, personal y controles adecuados para evitar evasión o fallas en el recaudo.
Para la funcionaria, la decisión del Gobierno de mover recursos de un sector a otro, se conoce como “reorientación presupuestal”. Y, para ella, trasladar dinero del sector vivienda hacia el sector salud o energía puede ayudar a cubrir la emergencia, pero también podría dejar desfinanciados programas ya en marcha.
Según la Contraloría, este tipo de decisiones debe estar plenamente justificado, ya que podría afectar la ejecución de proyectos, el funcionamiento de empresas públicas o incluso la prestación de servicios.
El impacto también podría sentirse en las universidades, que planifican sus presupuestos con meses de anticipación. La introducción de nuevos impuestos en corto tiempo podría obligarlas a ajustar sus finanzas de manera abrupta, generando riesgos operativos.
También hay incertidumbre sobre el impuesto a los juegos de azar en línea. Aunque es un mercado en crecimiento, aún no hay claridad sobre cómo se hará el cobro ni cómo se vigilarán estas operaciones digitales.
¿Hay recursos disponibles?
Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Inicialmente, la Contraloría identificó que esta entidad contaba con más de $2 billones de pesos disponibles. Tras una revisión más detallada, se estableció que parte de ese dinero corresponde a saldos no comprometidos, es decir, recursos que no se han utilizado de presupuestos anteriores.
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Esto abre la posibilidad de usar esos fondos antes de crear nuevos impuestos o buscar más financiamiento. En otras palabras, el debate no solo es cuánto dinero se necesita, sino si ya existen recursos que podrían cubrir parte de la emergencia.