Preacuerdo con alias ‘Castor’ evidencia límites de la justicia, advierten expertos
Jorge Eliécer Díaz Collazos firmó un preacuerdo con la Fiscalía por 95 crímenes
Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor’ | Foto: Suministrada
La condena de 26 años de prisión contra Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de ‘Castor’, líder de “Los Costeños”, tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en 95 homicidios, ha generado un intenso debate en la opinión pública sobre la proporcionalidad de la pena y el alcance de la justicia en Colombia.
Aunque en redes sociales se ha cuestionado la reducción de la condena al considerar que equivale a apenas unos meses por cada asesinato, expertos en derecho y análisis político señalan que el caso refleja tanto las limitaciones del sistema judicial como una estrategia estatal para obtener verdad y desarticular estructuras criminales.
El politólogo e investigador de la Universidad del Norte, Luis Trejos, explicó que el acuerdo representa una forma de justicia dentro de las condiciones actuales del aparato judicial.
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“Esto es una forma de justicia, no la justicia que hubiéramos querido en el sentido de una sanción plena por cada uno de los delitos cometidos. Sin embargo, teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo que enfrenta la rama judicial, se avanzó porque hay reconocimiento de responsabilidades por parte del victimario y también hay una condena”, señaló.
Trejos advirtió que, sin este tipo de acuerdos, muchos de los procesos podrían terminar en impunidad debido a vencimientos de términos o dificultades en la tramitación de múltiples causas judiciales.
“El riesgo era que varios casos terminaran precluidos. Con el preacuerdo, al menos hay responsabilidades asumidas y una sentencia concreta”, añadió.
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Derechos de las víctimas limitado
Por su parte, el abogado penalista Raúl Romero del Río explicó que el resultado del proceso responde al funcionamiento de la llamada “justicia premial” dentro del sistema penal colombiano.
“En Colombia existe la justicia premiada, que se traduce en beneficios punitivos cuando el procesado acepta su responsabilidad y colabora con la justicia. Esa colaboración suele implicar entregar información sobre otros delitos u organizaciones criminales”, afirmó.
Según el jurista, este tipo de negociaciones buscan objetivos más amplios que la simple imposición de una pena.
“A veces una condena menor es el precio por obtener la verdad y lograr desarticular organizaciones criminales completas. El interés estratégico del Estado puede estar en identificar cómo operan y cómo se financian estas estructuras”, explicó.
Ambos expertos coinciden en que, aunque la condena puede parecer insuficiente desde una perspectiva de justicia material, los preacuerdos son una herramienta legal contemplada en el sistema penal colombiano y deben ser avalados por un juez.
En medio de la controversia, otro punto clave es el papel de las víctimas. Romero del Río recordó que el sistema reconoce amplios derechos para ellas, desarrollados por decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, como participar en las audiencias, ser informadas del proceso y solicitar reparación integral.
No obstante, explicó que en la práctica el juez evalúa principalmente la legalidad del acuerdo y la protección de los derechos de las víctimas, lo que permite aprobar el preacuerdo incluso si existe oposición por parte de los afectados.
En ese sentido, Trejos subrayó que el siguiente paso debería centrarse en garantizar la reparación a las víctimas, incluyendo la identificación de los bienes y capitales que el jefe criminal habría acumulado durante su actividad delictiva.
Para los analistas, además de las críticas al acuerdo, el debate también debería conducir a una discusión más profunda sobre la necesidad de fortalecer la rama judicial y avanzar en una reforma estructural al sistema de justicia.