Expertos de la ONU piden investigar a fiscal de Guatemala por supuestas adopciones ilegales

Expertos de la ONU señalaron a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por una supuesta participación en adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca.

La denuncia trascendió en un comunicado publicado en Ginebra el mismo día en que Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.

La denuncia

Los expertos de la ONU dijeron que recibieron información sobre “al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales” después “de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”.

El grupo señaló que los menores fueron entregados en adopción tras ser llevados al Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras fue directora y también “tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982”, según el comunicado.

De momento, la Fiscalía de Guatemala no se ha pronunciado sobre los señalamientos contra Porras.

Los expertos “pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones” de que en esas “adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo” a Porras, añadió el texto.

Porras no logró obtener inmunidad como magistrada

Los integrantes del grupo criticaron que la fiscal se haya postulado para integrar la CC e instaron a quienes eligen a los magistrados a tener “cautela ante estas graves alegaciones”.

Este lunes la candidatura de Porras no obtuvo ningún voto en la elección por parte de la estatal Universidad de San Carlos, aunque podría aplicar en otras instancias, pues aún deben ser escogidos otros magistrados por el presidente, la Corte Suprema y el Congreso.

La fiscal, de 72 años, está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran “corrupta” y “antidemocrática” por abrir procesos penales contra exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, e intentar hace dos años impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo.