Como en los 90: Colombia necesita tomar medidas para evitar racionamientos y apagones de energía

La advertencia fue realizada por Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), durante la cuarta entrega de Los Grandes Desafíos del Sector Energético en Colombia, un espacio sostenido en alianza con Prisa Media.

En el encuentro, congresistas y precandidatos de la Gran Consulta por Colombia analizaron los riesgos que enfrenta actualmente el sistema eléctrico y plantearon diferentes rutas que implementarían en su mandato para evitarlos.

La crisis que marcó a Colombia

El último apagón que enfrentó el país, recordaron los panelistas, se dio en 1992 y se prolongó durante casi un año. La crisis se dio por una intensa sequía provocada por el Fenómeno de El Niño, llevando a los embalses a alcanzar niveles históricamente bajos.

Como consecuencia, las hidroeléctricas no lograban producir suficiente energía y fue necesario implementar racionamientos de hasta 18 horas diarias, con impactos en la economía, la productividad y la vida cotidiana.

Desde entonces, Colombia rediseñó su modelo, incorporó mecanismos de confiabilidad y diversificó la matriz energética, lo que permitió garantizar estabilidad durante más de tres décadas. Sin embargo, advirtió Gutiérrez, las alertas están de regreso.

Durante su intervención, la líder gremial recordó que, tras esa crisis, Colombia estudió modelos internacionales y diseñó un esquema que permitió dicha estabilidad.

Proyectos frenados y un sistema de alerta

Ampliar

Cerrar

Según explicó, cerca de 4.500 megavatios de energía no han logrado entrar al sistema debido a retrasos en proyectos, demoras en licenciamiento ambiental y consultas previas y señales de política pública que no estarían favoreciendo la inversión. “Estamos creciendo, nos estamos electrificando, pero la oferta no crece a la misma velocidad que la demanda”.

A raíz de esto, indicó que en eventos climáticos adversos como el Fenómeno de El Niño, y más cuando la generación hidráulica enfrenta mayores restricciones, podrían presentarse consecuencias, como escenarios de escasez, riesgos de racionamientos, impactos sobre la actividad productiva, pérdidas económicas significativas e incluso limitaciones para el crecimiento y el avance tecnológico del país.

En la actualidad, señaló, el país está más electrificado que nunca, tiene una demanda que crece sostenidamente y una oferta que no da abasto.

Gutiérrez advirtió que Colombia requiere entre 10 y 15 billones de pesos anuales para atender dicho crecimiento. Sin embargo, explicó que la inestabilidad normativa y las señales contradictorias generan nerviosismo entre empresarios e inversionistas, lo que podría frenar proyectos estratégicos.

Requisitos fuera de lugar

Por su parte, Angélica Lozano, congresista de la República y actual candidata al Senado, indicó que el país necesita avanzar en múltiples medidas para fortalecer el sistema eléctrico, comenzando por los procesos de licenciamiento ambiental.

Lozano indicó que los trámites actuales tardan, en el papel, hasta 90 días y que, en muchos casos, se exigen los mismos requisitos a proyectos pequeños y de gran escala, lo que prolonga innecesariamente la entrada de nueva capacidad energética.

“Se necesitan trámites más ágiles, procesos diferenciados y mayor capacidad técnica en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”, explicó. Para ella, estas demoras impactan directamente la confiabilidad del sistema.

A su vez, la senadora insistió en que el país necesita instituciones fortalecidas, mayor capacidad técnica y procesos más eficientes que permitan destrabar proyectos estratégicos.

Dependencia energética

Ampliar

Cerrar

A su turno, Juan Espinal, representante a la Cámara y actual candidato al Senado, indicó que la estabilidad jurídica y regulatoria será determinante para garantizar la inversión en el sector energético. Los cambios en las reglas de juego y las señales contradictorias, insistió, han incrementado la percepción de riesgo entre empresarios e inversionistas, generando un freno en proyectos estratégicos para el país.

Durante su intervención, también señaló que esta situación no solo impacta al sector energético, también limita el desarrollo de nuevas obras de infraestructura, expansión urbana e iniciativas productivas que dependen de un suministro eléctrico confiable.

Además, recordó que Colombia enfrenta una creciente dependencia de la energía en la vida cotidiana y en sectores estratégicos, ya que, a la fecha, el país cuenta con cerca de 80 millones de celulares, sistemas de transporte masivo como el Metro, proyectos ferroviarios, industrias, comercios y hogares que requieren energía constante.

Un tema de orden social

Un tema importante y de gran impacto, tiene que ver con la consulta previa, un derecho fundamental que dada su naturaleza a prolongarse en el tiempo afecta la ejecución de iniciativas estratégicas necesarias para garantizar el abastecimiento energético.

Además, durante el panel se advirtió sobre el impacto social del debilitamiento en la disponibilidad de gas natural. Según se mencionó, cerca de 37 millones de colombianos dependen del gas, y su reducción estaría generando escenarios de pobreza energética, en donde algunos hogares han tenido que sustituir su consumo por el uso de leña, incrementando riesgos para la salud.

Según cifras citadas en el debate, un apagón podría costarle al país hasta 1,7 puntos del PIB, de acuerdo con Fedesarrollo; mientras que las pérdidas económicas por hora podrían alcanzar los 280.000 millones de pesos, según estimaciones del Banco de la República. El próximo gobernante, se espera, debe atender estos cambios que afectan al sector y al país.

A la fecha, valga recordar, más de 20.000 proyectos permanecen detenidos, principalmente por demoras en licenciamiento ambiental y procesos de consulta previa.