“Ese marco jurídico había que tenerlo desde el principio del proceso”: minjusticia designado Cuervo

“Ese marco jurídico había que tenerlo desde el principio del proceso de paz. Eso habría facilitado muchísimas discusiones y habría dado más claridad desde el arranque”. Con esa afirmación, el minjusticia designado Jorge Iván Cuervo se refirió a la necesidad de contar con reglas claras desde el inicio de los procesos de negociación, en entrevista con 6AM W. Señaló que será el presidente de la República quien defina si se le da trámite de urgencia en el Congreso a la ley de sometimiento, en un debate condicionado por los tiempos legislativos que le restan al actual gobierno.

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Cuervo defendió la pluralidad de opiniones dentro del Gobierno y aseguró que su llegada al gabinete no contradice las críticas que en el pasado expresó desde la opinión pública. “Que el presidente me haya ofrecido el cargo conociendo mis posturas y mis críticas habla bien de él y de la pluralidad de opiniones. No me parece incoherente aceptar, porque la crítica también puede ejercerse desde la responsabilidad institucional”, afirmó.

Sobre la política de paz, el minjusticia designado explicó que no habrá cambios de fondo en la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo. Indicó que se trata de una política definida directamente por el presidente y que el papel del Ministerio de Justicia será acompañarla desde el punto de vista jurídico, creando y ajustando los instrumentos normativos necesarios para su implementación.

Crisis del sistema penal y reclamo ciudadano por mayor efectividad de la justicia

Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, según reconoció Cuervo, es la rápida salida de delincuentes tras ser capturados, una situación que, dijo, responde a fallas estructurales del sistema. “Aquí no hay una sola causa. Esto no se resuelve solo con decisiones del Gobierno. Hay un problema en la Fiscalía, en la capacidad investigativa y en la articulación entre Policía, fiscales y jueces que termina afectando todo el proceso”, señaló.

A su juicio, es indispensable fortalecer la Fiscalía General de la Nación, aumentar el número de fiscales e investigadores del CTI y mejorar la coordinación entre las autoridades. Advirtió que la congestión es crítica y afecta directamente los procesos penales. “En ciudades como Bogotá, un investigador del CTI puede estar atendiendo entre 100 y 120 órdenes de trabajo. Eso hace prácticamente imposible recaudar pruebas de manera oportuna y sólida”, explicó.

Cuervo insistió en que los errores procedimentales tienen consecuencias inevitables dentro del Estado de derecho. “En un Estado de derecho las garantías procesales no son un capricho. Si en una captura no se leen bien los derechos, si no está clara la flagrancia o hay errores en el procedimiento, los jueces no tienen otra opción distinta a dejar en libertad a las personas”, sostuvo.

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Críticas jurídicas, mesura institucional y retos para la ley de sometimiento

Más allá de ajustes puntuales, Cuervo planteó la necesidad de abrir un debate de fondo sobre el sistema penal acusatorio. A su juicio, el modelo presenta serios cuellos de botella que deben revisarse como política de Estado. “El sistema penal acusatorio tiene muchos problemas en la imputación y en las etapas previas al juicio. Como país tenemos que sentarnos a revisar en serio qué está pasando, porque eso no se va a resolver de la noche a la mañana”, afirmó.

En cuanto a sus críticas previas a la declaratoria de emergencia económica, el minjusticia designado ratificó su posición jurídica y aclaró que se trató de una opinión técnica, no política. Expresó además su preocupación por la figura de la suspensión provisional de decisiones de la Corte Constitucional. “Es una facultad muy delicada, creada por vía jurisprudencial, que abre una discusión compleja sobre