Requisitos clave del nuevo plan de regularización de inmigrantes en España: plazos y documentación

España se prepara para una regularización extraordinaria que beneficiará entre 500.000 y 800.000 personas migrantes. Esta medida, impulsada por el partido Podemos y PSOE, se fundamenta en la “justicia social”, bajo la premisa de que “ninguna persona es ilegal”. La decisión busca otorgar permisos de trabajo y residencia a migrantes que ya residen y trabajan en España, muchos de ellos en condiciones precarias y de explotación.

La regularización permitirá a estas personas trabajar con derechos, salarios dignos y contribuir al crecimiento del país. Se espera que aquellos que actualmente se encuentran en situación irregular puedan regularizar su estatus, obteniendo papeles y contratos laborales decentes y regulados. Esta iniciativa busca mejorar significativamente las condiciones de vida de miles de migrantes que, en muchos casos, trabajan en condiciones de semiesclavitud.

El secretario de la organización política Podemos, Juan Pablo Fernández, dijo que el proceso de regularización se ha diseñado para ser “muy simple”, “ágil y rápido”, eliminando las trabas burocráticas habituales. Se espera que para la primavera, entre abril y mayo, la regularización de más de medio millón de personas migrantes ya se haya completado. El objetivo es que en un plazo de tres a cuatro meses se culmine este proceso, que contará con trámites burocráticos “muy sencillos, muy simples y muy rápidos”.

Plazos y documentación

Según explicó, la medida beneficiará a las personas en situación irregular y solicitantes de asilo que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Para el caso de la acreditación, las personas podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte. Otro requisito clave es carecer de antecedentes penales.

Miles de personas de diversas nacionalidades, incluyendo colombianos, hondureños, peruanos, ecuatorianos y africanos, quienes verán resuelta su situación legal.

Críticas de la oposición y acusaciones de racismo institucional

La oposición, incluyendo a Vox y el Partido Popular, ha criticado la medida, sugiriendo que podría ser un intento de “desdibujar otras noticias” o que tiene un carácter “eminentemente electoral”. El secretario de la organización política Podemos, Juan Pablo Fernández, ha calificado estas críticas como un “evidente caso de racismo institucional y de racismo político”. Acusa a Vox de ser una fuerza “de ultraderecha xenófoba y racista” y al Partido Popular de intentar “competir con Vox” en este ámbito.

Fernández ha enfatizado que la decisión no se contempla “en clave electoral”, sino como una cuestión de “justicia social”. Argumenta que toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene derechos que deben ser reconocidos y que debe ser legal. Acusa al Partido Popular de defender a empresarios que explotan a migrantes sin papeles, aprovechándose de su situación irregular. La regularización busca precisamente poner fin a estas condiciones de explotación.

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