Es oficial: Alcaldía de Montería establece nueva tarifa para taxis urbanos y del aeropuerto
El ajuste responde al incremento del salario mínimo y la inflación, buscando garantizar la sostenibilidad del servicio según estudios técnicos de costos.
Alcaldía de Montería oficializa nuevas tarifas de taxi.
Montería
La Alcaldía de Montería expidió el Decreto 00010 de 2026, fijando las nuevas tarifas para el servicio público de taxi en la ciudad para el presente año.
La medida se fundamenta en un estudio técnico de costos elaborado por la Secretaría de Tránsito Municipal, que analizó el impacto del aumento del 23% en el salario mínimo legal mensual vigente y un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5.1% para el año anterior sobre los costos de operación.
El decreto establece que la carrera mínima en la zona urbana, para trayectos de hasta cuatro kilómetros, será de $11.000. A partir de ese umbral, el precio aumentará $1.000 por kilómetro adicional, sin que en ningún caso pueda superar los $15.000 dentro del perímetro urbano.
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Para los servicios desde el Aeropuerto Los Garzones, se fijan tarifas específicas, como $33.000 hasta el casco urbano (hasta la calle 22) o la Terminal de Transporte, con un tope máximo de $40.000.
Tarifas pata otros trayectos
La normativa también fija precios para trayectos desde sitios especiales hacia el centro de la ciudad, como $19.000 desde el Coliseo de Ferias y $17.000 desde el Estadio Jaraguay.
El servicio por horas quedó autorizado en $35.000 por cada hora de contrato. Como único incremento adicional permitido, se establece un recargo nocturno de $1.000 para servicios prestados entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., prohibiéndose expresamente cualquier sobrecargo en domingos o días festivos.
Hubo concertación
El decreto prohíbe taxativamente el cobro de recargos por conceptos como radioteléfono, servicio a domicilio o aire acondicionado, e insta a los conductores a no negarse a prestar el servicio a cualquier zona de la ciudad.
La Administración Municipal señaló que la actualización tarifaria fue precedida por tres reuniones de concertación con representantes de propietarios y conductores, buscando un “equilibrio entre la protección del usuario y la viabilidad económica del servicio”.
La vigilancia del cumplimiento recaerá en la Secretaría de Tránsito y Transportes y en el grupo urbano de la Policía Nacional.