Anuncian retiro de esquema de protección al alcalde de Pueblo Rico
La medida obedece a trámite administrativo. Gobernación de Risaralda mantiene seguimiento a su seguridad, mientras se toman medidas definitivas que garanticen la integridad del mandatario.
Martín Siagama Gutiérrez, alcalde de Pueblo Rico.
Pereira
Existe preocupación entre las autoridades departamentales tras conocerse la resolución del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de la Unidad Nacional de Protección, que confirma la finalización del esquema de protección tipo 1 asignado al alcalde de Pueblo Rico, Martín Siagama Gutiérrez. Desde la Gobernación de Risaralda se aclaró que la decisión responde a un trámite administrativo que no fue realizado oportunamente por la administración municipal.
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El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que el esquema de seguridad no ha sido retirado y que el mandatario continúa con acompañamiento institucional.
Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda hablando caso retiro esquema de seguridad
El funcionario explicó que la situación corresponde a un asunto administrativo y de comunicación entre la UNP y la Alcaldía de Pueblo Rico, precisando que la medida fue notificada pero aún no se encuentra en firme. Señaló que se presentará una acción de tutela para que el proceso continúe mientras se define de fondo la decisión, y reiteró que desde la Gobernación se mantendrá la protección del alcalde con las mismas características de su esquema y vehículo, mientras se surten los trámites correspondientes.
Las autoridades reiteraron que el riesgo para el mandatario persiste, debido a amenazas directas en su contra y a la presencia del ELN y del Clan del Golfo en la región. A esto se suma la ubicación estratégica de Pueblo Rico y su proximidad territorial con el departamento del Chocó, factores que inciden en el contexto de seguridad del municipio.
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La Alcaldía de Pueblo Rico habría sido notificada para coordinar las acciones de protección correspondientes como primera autoridad de policía. La resolución emitida por la UNP ordena la devolución de los elementos de protección una vez quede en firme, mientras la seguridad territorial queda bajo responsabilidad de las autoridades locales y la Policía Nacional.