Alertan a la Procuraduría por antecedentes de candidatos Gilder Mosquera y Francisco Vidal
Se anticipa una dinámica electoral vibrante en el Chocó, con quienes buscan llegar al congreso.
Diversas organizaciones sociales, líderes y académicos solicitaron vigilancia especial de la Procuraduría General tras conocerse que dos aspirantes al congreso como Francisco Vidal Rojas (Partido Liberal) y Gilder Palacios Mosquera (Partido Conservador), adelantan campaña mientras enfrentan investigaciones penales y antecedentes judiciales, según indican las organizaciones.
Vidal Rojas, imputado por peculado por apropiación, falsedad y violación al régimen de inhabilidades, figura en informes de la Fiscalía Sexta de Delitos contra la Administración Pública.
Aunque conserva presunción de inocencia, sectores ciudadanos temen que su llegada al Congreso profundice la crisis institucional en un departamento golpeado por pobreza, corrupción y mal manejo de recursos públicos.
El panorama es aún más grave en el caso de Gilder Palacios Mosquera, exalcalde del Medio Baudó, sobre quien recaen múltiples investigaciones por peculado, enriquecimiento ilícito, contratos irregulares, fraude procesal y denuncias por amenazas, según informes del CTI y Policía Judicial.
Documentos evidencian adjudicaciones irregulares, obras inconclusas y bienes sin justificación patrimonial. El daño fiscal superaría los $1.700 millones, sin contar propiedades supuestamente adquiridas a través de terceros.
El caso revive el escándalo del “Arroz Baudó”, un proyecto agrícola que prometía seguridad alimentaria para cientos de familias, pero que terminó con entregas mínimas y más de $10 mil millones sin trazabilidad, mientras solo $900 millones llegaron a la población, de acuerdo con versiones periodísticas.
Cabe indicar que la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, en 2023 archivo el proceso disciplinario de Gilder Palacios, por el caso de Arroz Baudo, al no encontrar irregularidades.
La pregunta que recorre Quibdó, Istmina y el Baudó es contundente: ¿deben candidatos con investigaciones por corrupción y presuntos nexos ilegales legislar para el país?
La inquietud escala con denuncias que involucran al alcalde de Istmina, Jaison Mosquera, quien presuntamente estaría apoyando abiertamente a Palacios mediante contratos de prestación de servicios con recursos del hospital de tercer nivel del municipio para favorecer su elección.
Ante este escenario, la presión aumenta para que la Procuraduría intervenga y garantice transparencia electoral, evitando que estructuras cuestionadas capturen curules en 2026.
