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Contraloría sanciona al alcalde de Sabanalarga y detecta millonarios hallazgos fiscales

El organismo le impuso una sanción cercana a los 12 millones de pesos al alcalde José Elías Chams.

La Procuraduría dictó pliego de cargos al alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams. Foto: Colprensa

La Contraloría General de la República impuso una sanción cercana a los 12 millones de pesos al alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams, tras concluir auditorías adelantadas al municipio y evaluar el cumplimiento de compromisos adquiridos durante 2024 y 2025.

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La sanción se originó por la entrega tardía, incompleta y sin los requisitos formales de información solicitada durante una Auditoría de Cumplimiento realizada en 2024, así como por irregularidades detectadas en proyectos vinculados a la estrategia Compromiso Colombia.

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Según el ente de control, estas falencias afectaron el ejercicio de vigilancia fiscal sobre varias obras de infraestructura del municipio, algunas de las cuales presentan retrasos y fallas técnicas.

Además, la Contraloría evidenció el incumplimiento de compromisos adquiridos en mesas de trabajo, la falta de atención a visitas técnicas y la omisión reiterada en el suministro de información por parte de la administración municipal.

Actuaciones de control fiscal 2025

Durante las acciones adelantadas en 2025, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4.241 millones relacionado con la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis.

El proceso se derivó de un análisis técnico, financiero y jurídico que reveló deficiencias en la construcción del sistema, asociadas a fallas en los diseños, uso de materiales de baja calidad y errores constructivos, lo que compromete su funcionamiento.

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También se identificaron incumplimientos de especificaciones técnicas y pagos por actividades no ejecutadas, lo que permitió establecer un presunto detrimento patrimonial.

A esto se suma la apertura de otro proceso de responsabilidad fiscal por $460 millones en las obras de adecuación del patinódromo, donde se detectaron deficiencias técnicas que afectan la funcionalidad y seguridad de la infraestructura.

Seguimiento a proyectos de impacto nacional

Dentro de la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría realiza seguimiento al proyecto de canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, contratado por $10.759 millones.

El proyecto fue declarado de impacto nacional y es investigado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, debido a que no ha sido finalizado y no cumple el objetivo para el cual fue contratado. En el proceso se ordenaron informes técnicos para establecer si lo pagado corresponde a lo ejecutado.

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En 2025, el órgano de control adelantó una Actuación Especial de Fiscalización que arrojó hallazgos fiscales por $2.553 millones en proyectos como la Plaza Central y el mejoramiento del pavimento de la Avenida Bogotá y el corregimiento de La Peña.

En el caso de la Plaza Central, se determinó un hallazgo por $1.494 millones, al establecer que las obras no cumplen con las especificaciones técnicas ni con la finalidad contratada. Además, la Gobernación del Atlántico no respondió a los requerimientos formulados por la Contraloría.

El informe también señala deficiencias en la interventoría, pagos superiores a lo ejecutado y dobles pagos por conceptos de administración, imprevistos y utilidad. La obra permanece suspendida desde octubre de 2023 por problemas en el suministro de materiales y diferencias entre contratistas.

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En cuanto a la Avenida Bogotá y La Peña, se establecieron hallazgos por $885 millones, debido a suspensiones reiteradas y errores de planeación que han dejado las obras inconclusas. Ambos proyectos fueron declarados de impacto nacional y quedaron en manos de la Unidad Anticorrupción.

Otras obras bajo la lupa de la Contraloría

La Contraloría también realiza seguimiento al contrato para el suministro de agua potable en los corregimientos de Colombia y Molineros, el cual permanece suspendido por dificultades administrativas, técnicas y legales. El proyecto es objeto de una Actuación Especial de Fiscalización.

Asimismo, se vigila el estado del Polideportivo Villa Olímpica, que aunque fue entregado en 2015, no presta servicio por falta de administración y responsables para su operación.

En el caso de la ludoteca municipal, aunque la obra fue terminada, nunca entró en funcionamiento por falta de mobiliario y posteriormente fue vandalizada ante la ausencia de vigilancia.