Fiscalía impone extinción de dominio a 23 bienes por $65.900 millones del caso Centros Poblados

Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torre, además de algunos de los familiares de los ya mencionados, son los propietarios de los 23 bienes que están bajo la mira de la Fiscalía General de la Nación.

Dichos nombres hacen parte del listado de personas implicadas en el recordado caso de la unión temporal Centros Poblados, la cual suscribió un millonario contrato con MinTIC para llevar internet a escuelas rurales del país, el cual terminó lleno de irregularidades.

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A través de estas medidas, impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, buscan aportar en la protección y recuperación de los recursos públicos que se vieron comprometidos en la ejecución del proyecto.

¿Cuál es el valor de las propiedades?

La Fiscalía informó que las 23 propiedades que hacen parte de los bienes a los cuales se aplicaron las medidas cautelares superan los 65.900 millones en valor. Además, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios.

De acuerdo con el ente investigativo, los bienes se encuentran ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño y los elementos probatorios dan cuenta de que fueron adquiridos con recursos ilícitos, provenientes de las actividades irregulares detectadas en el caso.

¿Qué pasó con la exministra Karen Abudinen?

Además de los nombres ya citados, la medida cobija también a un inmueble, propiedad de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe. Según la Fiscalía, esta determinación deviene de las decisiones en materia de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la Nación.