¿Están las empresas preparadas legalmente para 2026? Estos son los cambios para el 2026

La estabilidad y el crecimiento de las más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia están condicionados a una estructuración legal inmediata.

Expertos en derecho corporativo advierten que el blindaje jurídico, un proceso que incluye desde la planeación fiscal hasta la estructura societaria, es un camino largo y complejo que puede tomar hasta un año.

Este periodo se convierte en un desafío crítico ante la intensificación del marco normativo previsto para 2026, impulsado por nuevas legislaciones como la Ley 2466 de 2025.

El proceso integral de organización es lento, pues además de la complejidad de la legislación, la principal razón radica en que las empresas carecen de protocolos claros para estandarizar sus procesos legales. Esto deja a las empresas expuestas a los errores jurídicos comunes, que son la fuente principal de las contingencias legales.

“El principal desafío de las pymes colombianas de cara al 2026 es la persistente informalidad contractual y laboral. Las empresas incurren en graves riesgos al utilizar contratos de prestación de servicios para personal que opera bajo subordinación, una práctica que configura una relación laboral y expone a la empresa a litigios millonarios. A esto se suma la vulnerabilidad generada por contratos verbales o la desactualización de documentos importantes”, explica Alexander Grajales, gerente general del Grupo Soluciones Legales.

Una de las principales fuentes de presión normativa para las pequeñas y medianas empresas para el próximo año proviene de la Ley de Reforma Laboral.

Esta legislación introduce una serie de cambios que tienen efectos tanto inmediatos como graduales, redefiniendo aspectos fundamentales de la relación entre empleadores y trabajadores.

En esencia, la ley impacta de forma directa la contratación, la estructura de las jornadas laborales, el manejo de licencias, el cálculo de recargos nocturnos y dominicales, y los procedimientos disciplinarios internos.

Esto exige a las empresas una revisión exhaustiva de sus manuales de recursos humanos y sus modelos contractuales para evitar sanciones costosas.

La omisión en el pago correcto de la seguridad social sobre el devengado real del trabajador y la desactualización tributaria son focos de sanciones y demandas costosas que pueden llegar a cifras millonarias.

Además, el incumplimiento de los procedimientos, vinculaciones y pagos conforme a la normatividad, que es la contingencia legal más frecuente, puede derivar en la pérdida de clientes estratégicos o el colapso por litigios.

Por esta razón, la auditoría y actualización del área laboral y tributaria se convierte en el aspecto mínimo e indispensable que toda pyme debe tener en regla para operar con seguridad en 2026.

Por el contrario, una empresa jurídicamente organizada mitiga riesgos, evita costosos pagos de sanciones y no incurre en costos adicionales por demandas, lo que en última instancia contribuye directamente a su crecimiento y protege su reputación.

De esta forma, el apoyo jurídico deja de ser un gasto opcional para convertirse en una inversión esencial que garantiza la supervivencia y la capacidad de las Pymes colombianas para competir en el mercado.