Avanza demanda de nulidad contra nombramiento de rector en la Universidad del Atlántico
Tribunal Administrativo del Atlántico dio plazo de cinco días para responder a medida cautelar.
Instalaciones de la Universidad del Atlántico sede norte. / Uniatlántico
El abogado y docente universitario Jeofrey Troncoso explicó en Caracol Radio los fundamentos de la demanda de nulidad electoral que interpuso contra la reciente designación del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, y que ya generó la intervención del Tribunal Administrativo del Atlántico mediante un auto emitido este martes 18 de noviembre.
Según Troncoso, el proceso de elección habría violado la Ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas, que exige garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres cuando la designación de un cargo público se realiza mediante listas de elegibles.
El abogado señaló que el sistema adoptado por la universidad desde 2021, que selecciona a los cinco candidatos con mayor votación, desconoce la obligatoriedad de conformar la lista con igual número de hombres y mujeres.
“Debe haber dos mujeres y dos hombres. Y el quinto puesto corresponde a la población diversa y discriminada: víctimas, población LGBTIQ+, personas en condición de discapacidad, entre otros”, explicó.
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Lo que pide la demanda
La acción solicita al Tribunal que se declare la nulidad de la elección del rector por violación a normas de rango constitucional y legal, suspender provisionalmente la designación mientras se resuelve de fondo el proceso y el nombramiento de un rector encargado hasta que exista sentencia definitiva.
Troncoso recordó que existe un precedente reciente: “en septiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el nombramiento del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, por incumplir la Ley de Cuotas. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 30 de octubre.”
“Todo nombramiento debe respetar la ley de cuotas. Ya hay jurisprudencia clara”, enfatizó.
Traslado al rector y al Consejo Superior
El abogado indicó que el Tribunal ya corrió traslado de la medida cautelar al rector y al Consejo Superior. Ambos tendrán cinco días para responder y aportar sus argumentos en contra de la suspensión provisional. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Atlántico decidirá si concede o no la medida.
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Troncoso insistió en que su demanda no está basada en cuestionamientos subjetivos ni en polémicas sobre hojas de vida, sino en un criterio estrictamente jurídico: “se trata del respeto por la no discriminación de la mujer y de la población diversa. Es una causal objetiva. La autonomía universitaria no puede ser excusa para desconocer la Constitución ni una ley estatutaria”.