Usuarios de la Nueva EPS en Risaralda protestan ante la suspensión masiva de servicios médicos
Ningún centro asistencial está atendiendo a los afiliados. Las deudas son millonarias.
Usuarios de la Nueva EPS / Foto: Archivo
Pereira
La crisis en la atención en salud para los usuarios de la Nueva EPS en Risaralda continúa agravándose. En los últimos días, cientos de afiliados han levantado su voz de protesta ante la suspensión de servicios en clínicas y hospitales del departamento, una medida adoptada por las instituciones prestadoras debido a las elevadas deudas que la EPS mantiene con la red pública y privada.
La situación se tornó más crítica luego de que la Clínica San Rafael del Eje Cafetero, en Pereira, encargada de atender más del 70 % de los servicios de salud de los afiliados a la Nueva EPS en Risaralda, anunciara la suspensión total de la atención, exceptuando únicamente las urgencias vitales.
Esta decisión obedece al no pago de una deuda que supera los $100 mil millones, acumulada desde el año pasado, y a los mínimos abonos realizados durante el 2025, lo que ha comprometido la estabilidad financiera y operativa del centro asistencial.
A esta situación se suman las medidas adoptadas por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira y el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, que también suspendieron los servicios a los usuarios de la Nueva EPS hace dos semanas, argumentando el mismo incumplimiento en los giros de recursos.
Ante este panorama, Liliana Orozco, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en Risaralda, que representa a cerca de 200 mil afiliados en los 14 municipios del departamento, hizo un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, a la Gobernación de Risaralda y a las Alcaldías para que se tomen medidas inmediatas.
“Desde hace semanas, venimos sufriendo por el cierre y la suspensión de servicios en clínicas que siempre han estado al servicio de la gente. San Rafael, Santa Mónica y San Jorge. Miles de personas están quedando sin atención médica, sin tratamientos y sin una respuesta clara. Lo que se suponía que era una intervención para mejorar, terminó siendo sinónimo de negligencia y desinterés. Hoy le pedimos a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Gobernación de Risaralda que miren de frente esta situación, que hagan seguimiento y garanticen que los usuarios no sigamos pagando las consecuencias”, expresó Orozco.
Los voceros advirtieron que la situación pone en riesgo el derecho fundamental a la salud, especialmente de pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y menores de edad que requieren atención continua.
La crisis refleja uno de los momentos más difíciles del sistema de salud en Risaralda en los últimos años, y mientras los usuarios exigen soluciones de fondo, los hospitales insisten en que, sin recursos, mantener la atención se ha vuelto insostenible.
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