Proyecto busca blindar a TransMilenio de bloqueos y protestas violentas en Bogotá

Colombia

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció que presentará un proyecto de acuerdo para declarar el transporte público masivo como un servicio esencial, con el fin de proteger a TransMilenio y al SITP de bloqueos y protestas violentas que afectan la movilidad de millones de ciudadanos.

Según Quintero, la medida busca que la administración distrital y las autoridades actúen de inmediato para levantar los bloqueos, judicializar a los responsables y garantizar la continuidad del servicio.

“Con este proyecto la administración distrital y las autoridades tienen que actuar inmediatamente para levantar esos bloqueos violentos, judicializar a los responsables y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó el cabildante.

Más de 14 millones de personas afectadas por bloqueos

El concejal advirtió que, solo en 2025, Bogotá ha registrado 751 protestas, contingencias y disturbios, lo que representa 300 eventos más que el año anterior. Hasta el 7 de octubre, 14,5 millones de personas resultaron afectadas por bloqueos que interrumpieron la operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

“Nadie cuestiona el derecho a protestar, pero vandalizar buses y bloquear vías no es un ejercicio democrático, sino una violación a los derechos fundamentales de millones de bogotanos”, señaló Quintero.

Daños millonarios y pérdidas sociales

Entre 2020 y abril de 2023, los actos vandálicos contra TransMilenio dejaron pérdidas por cerca de 17.000 millones de pesos, y solo este año se han vandalizado 259 buses, con una pérdida adicional de 12.638 millones por validaciones no realizadas.

“El costo más alto no se mide en dinero, sino en oportunidades perdidas, clases suspendidas y empleos en riesgo”, agregó.

Sustento legal y comparaciones judiciales

Quintero recordó que el transporte público cumple los criterios de un servicio público esencial, respaldado por el artículo 365 de la Constitución, la Ley 336 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al garantizar derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo, la salud y la educación.

El concejal comparó el caso con la huelga de pilotos de Avianca en 2017, cuando la Corte Suprema declaró ilegal la suspensión de operaciones, y con la condena contra Daneidy Rojas Barrera, “Epa Colombia”, por vandalizar una estación de TransMilenio.

“El diálogo siempre será el primer camino, pero cuando la violencia reemplaza a la palabra y los derechos de millones son pisoteados, la autoridad no puede quedarse inmóvil”, sostuvo.

¿Cómo se espera solucionar el problema?

Quintero también afirmó en 6AM que Bogotá enfrenta un exceso de garantismo frente a los bloqueos de TransMilenio, recordando que la jurisprudencia, como en el caso de Avianca, considera el transporte de pasajeros un servicio esencial por su vínculo con derechos fundamentales como la educación y la salud.

“Cuando los capuchos atacan las troncales de TransMilenio, lo que están haciendo es atacar los derechos fundamentales de millones de pasajeros: 4.000.000 de pasajeros que se mueven al día en TransMilenio”, dijo.

Por otra parte, explicó que un minuto de bloqueo en la carrera 30 afecta a mil personas, por lo que las etapas de diálogo deben ser rápidas.

Adicionalmente, dijo que los lineamientos buscan exigir a la Alcaldía y a la Policía actuar con mayor firmeza y cuestionó la desigualdad en las sanciones frente a actos vandálicos en el sistema.

¿Cuáles serán las sanciones?

Por su parte, Quintero explicó que su proyecto no crea nuevas sanciones, sino que busca agilizar la actuación de la Policía y la Alcaldía frente a los bloqueos de TransMilenio.

Asimismo, afirmó que las sanciones ya existen en la ley, pero la demora en la intervención se debe a una interpretación garantista del debido proceso. Señaló que un minuto de bloqueo afecta a mil personas y que la etapa de diálogo debe ser rápida.

Del mismo modo, dijo que los derechos fundamentales de los usuarios deben prevalecer sobre los de los encapuchados y que el proyecto pretende dar seguridad jurídica a las autoridades para actuar con firmeza.

“Es una especie de seguro, por un lado, y de orden a la administración: lo que tiene que garantizarse es la protección de los derechos fundamentales de los pasajeros, y no de los capuchos”, concluyó.