Defensoría alerta riesgo de cierre de servicios hospitalarios en Ocaña, Norte de Santander
La cartera del HEQC supera los 180 mil millones de pesos.
Defensoría alerta riesgo de cierre de servicios hospitalarios en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Defensoría del Pueblo.
Ocaña
Desde el Ministerio Público se está llamando la atención por el riesgo de no prestación de servicios de salud en el municipio de Ocaña, por las millonarias deudas de las EPS en esta región del país.
Según lo informó el hospital Emiro Quintero Cañizares, con corte al 30 de agosto, la cartera supera los 180 mil millones de pesos, “lo que compromete seriamente la capacidad operativa de los servicios. Solo la Nueva EPS adeuda más de $22.924 millones acumulados durante los primeros nueve meses del año. De un promedio mensual de facturación de $7.100 millones, en septiembre únicamente se pagaron $2.005 millones y en octubre no se ha efectuado ningún giro”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
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Así mismo, la Defensoría desglosó las deudas que se tienen con otros prestadores de salud:
- Desde Prosalud IPS S.A.S., prestadora de servicios de salud en Ocaña y Norte de Santander, se advirtió que la falta de pagos de la Nueva EPS ha generado una cartera de $1.390 millones, poniendo en riesgo la atención de más de 19 mil usuarios.
- Sanamedic IPS informó que la cartera pendiente con la Nueva EPS asciende a $14.294 millones correspondientes al periodo previo a la intervención, mientras que después de esta se ha generado una facturación adicional de $11.731 millones.
En el comunicado, la Defensoría advierte que "la Nueva EPS manifestó que ha realizado pagos equivalentes al 92% de lo facturado. Sin embargo, los prestadores advierten que los flujos de recursos son insuficientes y que la imposibilidad de recibir abonos a las deudas anteriores —debido a las restricciones impuestas por la intervención— pone en riesgo la atención de cerca de 92 mil usuarios de Ocaña y la provincia“.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente a la SuperSalud, al gobierno nacional y autoridades territoriales, para “adoptar medidas inmediatas que garanticen la sostenibilidad financiera de los hospitales y la continuidad de los servicios”.