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Alerta Temprana Electoral: hay 62 municipios que necesitan atención inmediata según Defensoría

La Defensoría alerta sobre amenazas a las elecciones en 62 municipios del país y pide coordinación urgente entre las autoridades.

Mapa de Riesgo Eletoral: Hay 62 municipios que necesitan atención inmediata según Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó la primera Alerta Temprana Electoral que advierte sobre los municipios donde existen mayores amenazas para el normal desarrollo de las elecciones locales en Colombia. Según el informe, 62 municipios requieren atención inmediata por la presencia de grupos armados ilegales, baja capacidad institucional y vulnerabilidad de las organizaciones sociales.

Este estudio, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, analizó la situación de 1.122 municipios del país a través del trabajo de un equipo de 100 analistas distribuidos en las 42 defensorías regionales. El objetivo fue medir el nivel de acción institucional necesario para mitigar los riesgos que puedan afectar el proceso electoral.

Cinco niveles de riesgo electoral en el país

De acuerdo con el informe, el SAT clasificó los municipios según cinco niveles de acción requerida:

  1. Acción inmediata: 62 municipios con alto riesgo, donde se requiere la intervención más urgente del Estado.
  2. Acción anticipada: 162 municipios con riesgo alto y una probabilidad elevada de alteraciones al orden público.
  3. Acción prioritaria: 425 municipios con un riesgo sostenido que demanda seguimiento continuo.
  4. Acción preventiva: 216 municipios con un riesgo medio o fluctuante.
  5. Acción ordinaria: 257 municipios con bajo riesgo, pero que deben mantener vigilancia constante.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que este trabajo busca “identificar los puntos críticos donde la democracia necesita una respuesta institucional rápida y coordinada”. Marín insistió en que “no podemos descuidar ningún territorio del país; la democracia se defiende todos los días, y cada municipio requiere una atención proporcional al riesgo que enfrenta”.

Regiones bajo especial vigilancia

El informe detalla que las zonas más vulnerables coinciden con regiones donde operan grupos armados ilegales y estructuras criminales dedicadas a economías ilícitas. En departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Arauca, la Defensoría ha identificado patrones de intimidación y amenazas que podrían afectar la participación ciudadana y la seguridad de los candidatos.

“Estos riesgos no solo están asociados a la violencia armada, sino también a la cooptación política y al uso indebido de recursos públicos, fenómenos que distorsionan la voluntad popular”, añadió Marín.

Llamado a la coordinación institucional

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al Gobierno nacional, la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública y la Procuraduría General para fortalecer la Comisión Nacional de Garantías Electorales, espacio clave para articular respuestas ante estas alertas.

En respuesta a los cuestionamientos del ministro del Interior, quien señaló presuntas falencias en el estudio, Marín fue enfática:

“Esta no es una posición personal, sino el resultado de una metodología sólida y comprobada que el SAT ha desarrollado durante más de una década. Son datos objetivos construidos por analistas en todo el país”.

La funcionaria invitó al ministro a revisar conjuntamente la metodología en la próxima sesión de la Comisión de Reacción Rápida, que se realizará en los próximos días.

La democracia bajo amenaza

El documento de la Defensoría advierte que los riesgos electorales no se limitan a zonas rurales, sino que también se han identificado alertas en ciudades intermedias donde hay disputas por el control territorial o influencia política de estructuras criminales.

“El llamado es a actuar antes de que sea demasiado tarde. Si no se toman medidas inmediatas, podríamos enfrentar obstáculos graves para unas elecciones transparentes y seguras”, subrayó la defensora.

Contexto y relevancia nacional

Esta Alerta Temprana Electoral 2025 llega en un momento clave, cuando el país se prepara para una de las jornadas electorales más amplias de los últimos años. La Defensoría busca que sus alertas sean tenidas en cuenta por las autoridades locales y nacionales para garantizar que los comicios se desarrollen sin amenazas ni coacciones.