EE.UU. acusa a Colombia de no cumplir estándares minimos para la eliminación de la trata de personas

En medio de las tensiones persistentes entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Donald Trump por la descertificación, el retiro de visas a funcionarios colombianos - incluido el presidente - y las declaraciones de Petro en contra del mandatario norteamericano, Estados Unidos da otro jalón de orejas al país.

Colombia no cumple con los estándares minimos para la eliminación de la trata de personas, según el “Informe sobre la trata de personas 2025” del Departamento de Estado de EE.UU. que reclasificó al país este año.

Colombia pasa de primer a segundo nivel en la lucha contra este crimen por primera vez en nueve años.

Desde 2016 hasta 2024, Colombia hizo parte del grupo de países de primer nivel que cumplía “con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y demostraba esfuerzos serios y sostenidos durante el período del informe”.

Sin embargo, este año el informe, que toma datos de la vigencia 2024, reclasifica a Colombia en segundo nivel debido a que “no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo”.

El Departamento de Estado resalta algunos esfuerzos “significativos”: el aumento de las investigaciones sobre posibles delitos de trata, la condena de más tratantes, incluyendo a dos funcionarios cómplices, y la incautación de bienes utilizados en delitos de trata.

Pero, por el contrario, señala que “los servicios para las víctimas fueron inadecuados, y el énfasis del gobierno en la atención de emergencia superficial no abordó las necesidades de las víctimas de cuidados complejos a largo plazo esenciales para su recuperación”.

EE.UU. enumera una serie de falencias por parte del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra este crimen:

• El gobierno no ha procesado ni condenado a ningún tratante laboral desde 2018, a pesar de haber informado sobre la prevalencia de la trata laboral en Colombia.

• El gobierno inició un número significativamente menor de procesos judiciales, identificó a un número significativamente menor de víctimas y redujo la financiación para las iniciativas contra la trata de personas

• La dependencia de las fuerzas del orden de la autoidentificación de las víctimas, sumada a la ausencia de un protocolo de identificación de víctimas para identificarlas proactivamente, contribuyó a la subdenuncia sistemática de casos.

• La insuficiencia de las medidas de intervención temprana para mitigar el reclutamiento forzado y la utilización de niños por parte de grupos armados ilegales en conflictos armados, que las autoridades no consideraron un delito de trata de personas, sumada a la falta de medidas proactivas para identificar y evaluar a jóvenes vulnerables, contribuyó al aumento significativo del reclutamiento forzado de niños.

Recomendaciones de EE.UU. a Colombia

Frente a este panorama, el gobierno estadounidense emitió una lista de recomendaciones para que el Gobierno retome el curso que resaltaba desde hace nueve años en la lucha contra la trata de personas:

• Perseguir enérgicamente los delitos de trata, incluidos los delitos de trata con fines laborales, y exigir sanciones para los traficantes condenados, que deberían implicar penas de prisión importantes.

• Habilitar el financiamiento centralizado para los departamentos y municipios para la prestación de atención directa y especializada a las víctimas adultas de trata y de trabajo forzoso

• Incorporar enfoques centrados en las víctimas e informados sobre el trauma, principalmente para permitir la continuidad de los servicios y la atención, en particular el alojamiento, hasta la rehabilitación de las víctimas.

• Redactar, aprobar e implementar un protocolo de identificación centrado en las víctimas e informado sobre el trauma para todas las unidades policiales y capacitar a los funcionarios en la identificación y derivación proactivas.

• Designar un coordinador contra la trata de personas para liderar los esfuerzos nacionales y locales para combatir la trata de personas.

• Establecer y capacitar policías, fiscales y jueces especializados –permitiendo contratos permanentes o de largo plazo para evitar la rotación del personal y desarrollar el conocimiento institucional– para investigar, procesar y condenar los casos de trata.

• Aumentar los esfuerzos de intervención temprana y de extensión dirigidos a los jóvenes vulnerables en zonas con una prevalencia notable de reclutamiento de niños para la delincuencia forzada y los conflictos armados, contrarrestar los esfuerzos de reclutamiento por parte de actores criminales y grupos armados ilegales, y reconocer el reclutamiento forzado y la utilización de niños para conflictos armados como trata de personas cuando se ajuste a las definiciones internacionales.

• Desarrollar, financiar e implementar un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la trata de personas para conciliar los datos duplicados almacenados en diferentes sistemas.

• Aumentar los esfuerzos para identificar de manera proactiva a las víctimas que enfrentan prácticas abusivas que pueden constituir trata de niños en criadazgo (servidumbre doméstica infantil), remitir a los servicios identificados y aumentar los esfuerzos de prevención para mitigar la explotación de los niños en servidumbre doméstica.

• Garantizar que las víctimas no sean penalizadas indebidamente únicamente por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de trata.

• Desarrollar, adoptar, implementar y financiar un nuevo plan de acción nacional para la eliminación de la trata e incluir esfuerzos para abordar las tendencias crecientes, como la trata de personas en el modelaje de cámaras web, las prácticas fraudulentas de reclutamiento utilizadas para contratar personas que trabajen como mercenarios y la trata en las industrias del fútbol.

• Investigar de manera proactiva a las ONG que colaboran con los agentes encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que las prácticas utilizadas durante las operaciones de trata estén centradas en las víctimas y tengan en cuenta el trauma.

• Revisar la definición de trata de personas en la legislación colombiana para alinearla más estrechamente con la definición del Protocolo TIP de la ONU de 2000.