Liquidan cuestionados contratos por más de $326 mil millones para la salud del Atlántico
Continúan las deudas salariales con grupo de trabajadores de la red pública hospitalaria.
Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación
En el marco de la intervención que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud en la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), fueron liquidados de manera unilateral dos contratos que comprometían recursos por más de $326.000 millones. Según el interventor designado, estos convenios resultaban lesivos para las finanzas de la entidad.
Contratos cuestionados
El primero de los contratos, suscrito con la Unión Temporal Servicios Farmacéuticos del S & D, tenía un valor de $241.000 millones y una duración de 15 años.
El segundo, firmado con la Unión Temporal ESE UNA para la prestación del servicio de laboratorio clínico, ascendía a $85.563 millones. Este último obligaba a la ESE a suscribir convenios adicionales para garantizar la continuidad del servicio y, además, no cumplía con la inversión de $8.500 millones en equipos, responsabilidad que debía asumir el contratista.
Deudas pendientes con el personal
Pese a los avances en la gestión contractual, la ESE Universitaria aún enfrenta deudas con su planta de personal.
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“Todavía hay personal al cual se le deben salarios, principalmente a quienes ya no laboran en la ESE. Al personal de OPS que aún continúa, les están debiendo aproximadamente dos o tres meses de salario. Sin embargo, el gerente interventor, en conversaciones sostenidas con algunos trabajadores y con nosotros, manifestó que la intención es conseguir los recursos —con la venia del Gobierno Nacional — para ponerse al día con todos estos pagos pendientes”, señaló Napoleón Mugno, presidente del sindicato Anthoc en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
La diputada Alejandra Moreno calificó la liquidación de estos contratos como “un avance en el saneamiento financiero de la ESE Universitaria”.
Como parte del proceso, las resoluciones de terminación contractual serán remitidas a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes por presuntas omisiones en la supervisión e interventoría de los contratos. Estos hechos podrían derivar en responsabilidades disciplinarias y fiscales para los implicados.