Gobernador de Antioquia asegura que hay un interés en acelerar su proceso ante la justicia
Andrés Julián Rendón criticó el manejo del proceso judicial en su contra tras conocerse que el Tribunal Superior de Bogotá avaló las interceptaciones de sus comunicaciones en una investigación por contratos en Rionegro.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: W Radio
Medellín, Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió con contundencia a la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que impartió legalidad a las órdenes de interceptación de sus comunicaciones dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos cuando fue alcalde de Rionegro.
Aunque la decisión se conoció públicamente este 16 de septiembre, el mandatario aseguró que el fallo fue proferido hace un mes y denunció una difusión “estridente” y “selectiva” del caso:
“Esta decisión que hoy la publican con tanta estridencia es de hace un mes (…) no tuvo esta misma difusión por el Alto Tribunal cuando en primera instancia consideraron las chuzadas ilegales”, señaló en su cuenta oficial de X.
Rendón recordó que la primera magistrada del Tribunal que revisó el caso había calificado las interceptaciones como desproporcionadas, sin motivos fundados ni test de proporcionalidad, y advirtió que no existía relación directa entre los hechos investigados y la afectación a su derecho fundamental a la intimidad.
El gobernador antioqueño también cuestionó el ritmo del proceso en su contra, comparándolo con investigaciones a funcionarios del gobierno nacional:
“Es evidente que van a paso de liebre con mi proceso y a paso de tortuga con las investigaciones a los funcionarios del gobierno Petro”, escribió.
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La reacción se produjo luego de que la Sala Penal del Tribunal revocara la decisión que había negado legalidad a las interceptaciones y respaldara los procedimientos de la Fiscalía, al considerar que había motivos suficientes para autorizar la medida, y que era útil y proporcional para esclarecer presuntas anomalías en los contratos de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas.
Pese a ese aval judicial, el mandatario insiste en que se trata de una persecución política, y dejó entrever su preocupación por lo que considera un uso parcializado del aparato judicial.