Procuraduría exige medidas tras incendio y hacinamiento en estación de Policía de Sabanalarga
El organismo disciplinario había advertido sobre la ausencia de condiciones mínimas para la permanencia de los detenidos.
Procuraduría exige medidas tras incendio y hacinamiento en estación de Policía de Sabanalarga / Sergio Acero
Tras el incendio ocurrido el pasado 10 de septiembre en la Estación de Policía de Sabanalarga, la Procuraduría General de la Nación lanzó una fuerte advertencia a la administración municipal.
El ente de control expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las Personas Privadas de la Libertad en este centro de reclusión transitorio, señalando riesgos graves para su integridad y derechos fundamentales.
El incendio, presuntamente provocado, no solo dejó al descubierto las precarias condiciones de seguridad del lugar, sino que evidenció nuevamente el hacinamiento que por meses ha sido objeto de denuncias. La Procuraduría recordó que ya había realizado requerimientos previos sobre la atención en salud a esta población, sin que hasta ahora hubiera una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales.
Solicitó un informe alcalde
Durante una visita anterior, el organismo disciplinario había advertido sobre la ausencia de condiciones mínimas para la permanencia de los detenidos, incluyendo acceso a servicios básicos, atención médica oportuna y espacios adecuados. Lo ocurrido el 10 de septiembre no hizo más que confirmar las alertas ya emitidas.
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En una nueva comunicación oficial, la Procuraduría solicitó al alcalde de Sabanalarga un informe detallado sobre las acciones emprendidas para atender esta crisis. El documento debe incluir las medidas adoptadas para garantizar tanto la seguridad como la dignidad de las personas recluidas en esta estación policial.
La situación ha despertado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, que también han cuestionado la falta de políticas municipales eficaces frente a la problemática carcelaria. Por ahora, se espera que el mandatario local responda en los próximos días a los requerimientos del ente de control, en medio de un contexto marcado por el riesgo latente y la falta de soluciones estructurales.