Gobernador de Boyacá y alcaldes definen proyectos con recursos del fallo por la venta de Chivor
Gobernación de Boyacá definió la hoja de ruta para priorizar proyectos y avanzar en la inversión de los 138 mil millones de pesos provenientes del fallo por la venta de la Central Hidroeléctrica de Chivor.

El Ministerio de Hacienda deberá designar los recursos para proyectos de inversión de 10 municipios de Boyacá.
Tunja
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, lideró una reunión con los alcaldes de los municipios beneficiados por el fallo del Consejo de Estado que en 2022 ordenó a la Nación transferir 138 mil millones de pesos como compensación por la venta de la Central Hidroeléctrica de Chivor.
El encuentro se realizó en el Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá, con la participación de los mandatarios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, Sutatenza y Ubalá (Cundinamarca). Allí se estableció una hoja de ruta para priorizar obras y avanzar en la formulación de proyectos que permitan invertir estos recursos en los territorios.
Amaya señaló que el proceso requiere estructuración y viabilizarían de cada iniciativa para que el Ministerio de Hacienda autorice la ejecución. “Nuestro compromiso es que a 30 de noviembre tengamos todos los proyectos listos y viabilizados. La meta es que este mismo año podamos concretar las inversiones, porque estas comunidades llevan mucho tiempo esperando”, afirmó.
El mandatario destacó el acompañamiento del equipo técnico de la Gobernación y de la Gerencia de Proyectos, a cargo de Sara Estévez, así como el compromiso de los alcaldes locales. “Hoy felicito a los mandatarios por su seriedad y dedicación. Esta reunión de casi dos horas nos permitió definir una ruta clara y con fechas precisas, lo que garantiza que estamos avanzando con responsabilidad”, agregó.
Uno de los municipios más beneficiados será Miraflores, en la provincia de Lengupá, que recibirá la mayor inversión en su historia. “Este es un momento histórico que marcará un antes y un después para nuestras comunidades”, resaltó Amaya.
El gobernador también recordó que desde 2022, cuando se conoció la sentencia, el entonces gobernador Ramiro Barragán conformó un comité para planear el uso de los recursos, pero hasta la fecha no se ha ejecutado ningún peso. “Han pasado tres años desde que el Consejo de Estado ordenó girar estos dineros y todavía no se ha materializado la entrega. Esta plata debe estar en algún lugar, porque fue una orden judicial. Vamos a seguir gestionando con el Gobierno Nacional para que se cumpla lo dispuesto y no se siga dilatando más el proceso”, advirtió.
Contexto del fallo
El origen de la decisión se remonta a una acción popular fallada por el Tribunal Administrativo de Boyacá y confirmada por el Consejo de Estado, que estableció que en la venta de la Central Hidroeléctrica de Chivor por parte de ISAGEN se vulneraron derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa.
Según el magistrado Luis Ernesto Arciniegas, en esa operación se desconoció la Ley 223 de 1996, que obliga a destinar el 10% del valor total de las privatizaciones de activos de la Nación para proyectos de desarrollo en las zonas de influencia. Por ello, el Consejo de Estado ordenó incluir en el presupuesto nacional la suma de 138 mil millones de pesos para los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, Sutatenza (Boyacá) y Ubalá (Cundinamarca).
En su momento, el entonces gobernador Ramiro Barragán había señalado que la Gobernación sería el puente entre la Nación y los municipios para definir prioridades y garantizar la inversión de los recursos.



