En Zaragoza, 88 personas ajustan cuatro meses confinadas por amenazas de ilegales

Zaragoza- Antioquia

Algunas comunidades de Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño continúan viviendo bajo amenaza a causa de las acciones de los grupos ilegales, en este caso del Clan del Golfo. Desde hace cuatro meses, la navegación por el río Nechí tiene restricciones. Existe control de ingreso de alimentos por el afluente hacia el Nordeste. Algunas personas que han decidido continuar con la labor de minería en el territorio que limita con Anorí tienen que padecer estrictos controles para ingresar la comida.

Según la información de fuentes muy informadas del territorio, en la zona hay 88 personas confinadas en sectores como Bocas de Caná, Porce Medio, El Aguacate, El Chispero y otros cercanos a Liberia Charchón de Anorí. Solo pueden salir si el grupo ilegal se los autoriza. Además, hay 364 desplazados. Quienes lograron salir están en el área urbana; los otros, por temor a perder la tierra, las gallinas, los cerdos y alguna que otra vaca, han decidido permanecer en el territorio. El censo fue realizado por las autoridades locales.

Caracol Radio estuvo indagando sobre cómo continúa la situación en el territorio luego de que hace cuatro meses el grupo ilegal Clan del Golfo ordenó unos estrictos controles para las comunidades que deben usar el río Nechí hacia Anorí.

Hay un lugar que las fuentes no quisieron detallar públicamente y se trata de un puerto donde el clan del Golfo hace el retén ilegal. Ahí todos los que quieran pasar hacia Anorí deben llegar, sin excepción. Mostrar la carga y argumentar para dónde y para quién es la remesa. Las personas que tienen sus propias lanchas pueden circular.

¿Por qué la empresa de transporte fluvial?

Con temor las fuentes han indicado a este medio de comunicación que la orden directa de no moverse por el río Nechí hacia Anorí es para la empresa fluvial que presta el servicio de transporte público. Al parecer, porque no han accedido a algunas pretensiones del Clan del Golfo, esto tiene afectadas a las comunidades para movilizarse por el afluente, indicó la fuente. La empresa tiene cerrada la sede.

Cabe recordar que conseguir información exacta en estos territorios como el Bajo Cauca, Nordeste y Norte es cada vez más difícil. Los ilegales intimidan a las comunidades y sienten un temor constante, porque si los ilegales los ven hablando con extraños, piensan que están dando información. Ni una dirección te entregan en esa zona. El miedo a ser señalados por el grupo ilegal los limita. Sin embargo, hay personas que se animan a contar esta dura realidad, bajo el riesgo de ser agredidos o, en el mejor de los casos, desplazados.

La educación en el territorio

Según las diferentes fuentes consultadas, la educación en los sectores antes detallados no se ha visto afectada porque la zona es netamente minera y no hay escuelas cercanas. Las dos comunidades indígenas del territorio se desplazaron hace varios meses y hasta los profesores salieron del territorio con ellos, y a los docentes les está tocando impartir clases en la zona urbana de Zaragoza.

La secretaría de educación de Antioquia indicó que la Institución Educativa Rural Simón Bolívar con sedes Bocas de Caná y sede Porce están cerradas temporalmente porque este año ningún menor se matriculó. No se detalla si esta situación es por el orden público de la zona o porque, como el territorio es netamente minero, no hay grandes asentamientos con núcleos familiares y en la Institución Educativa Rural Simón Bolívar, sede Tomasa Borja en la vereda Pueblo Nuevo no tiene estudiantes matriculados en lo corrido del año.

La secretaria también agregó “a la Secretaría de Educación de Antioquia no se ha reportado información sobre anormalidad académica por parte del Municipio de Zaragoza”.

Economía de la zona

También se ha indicado a Caracol Radio que el territorio antes mencionado, donde se concentra la guerra entre ELN, disidencias y Clan del Golfo, que limita con Anorí, es netamente minero; allí la agricultura, aunque existe, es muy mínima. Todos derivan su sustento de la explotación aurífera. A ellos sí les dejan transportar alimentos. Pero en sus propias lanchas y bajo un estricto control de los ilegales.

Comentan que acceden a compartir esta información con la intención de que las autoridades locales, departamentales y nacionales, que ya lo saben, actúen de manera contundente y, para que los dejen vivir en paz.

Acciones humanitarias

Desde la Unidad para las Víctimas han informado que el Bajo Cauca y el Nordeste, especialmente, se han identificado por parte de los grupos criminales en la disputa por el territorio acciones contra la población civil como desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores, accidentes con minas antipersonal y extorsiones. Por lo que las comunidades deciden abandonar sus territorios para salvaguardar su integridad.

“Se han atendido con ayuda humanitaria más de 1.000 familias afectadas en El Bagre, Zaragoza, Valdivia, Segovia, Remedios, Briceño, Anorí por emergencias masivas, entre desplazamientos forzados y confinamientos”, dijo la entidad en un comunicado.

En estos territorios, la Unidad para las Víctimas priorizó algunos municipios con medidas de reparación como indemnizaciones económicas individuales, además de inversiones en infraestructura social y comunitaria. Entre otros mejoramientos de escenarios deportivos, casetas comunales, centros de salud, vías terciarias.

Igualmente, en cuanto a las reparaciones colectivas, se han apoyado proyectos productivos y comunitarios para campesinos, afrocolombianos e indígenas.