Periodista es condenado por ayudar a bandas criminales en medios de comunicación
El comunicador ayudaba al grupo de alias “Pedro Orejas”.
Corte Suprema de Justicia imagen de referencia. Foto: / Sergio Acero
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el periodista Miller Orlando Rubio Orjuela por el delito de concierto para delinquir.
Rubio Orjuela, quien era un reconocido periodista de televisión, fue hallado culpable de utilizar su profesión para favorecer a la organización criminal liderada por Pedro Nel Rincón Castillo, alias “Pedro Orejas”, un narcotraficante extraditado a los Estados Unidos.
La investigación reveló que el periodista no solo informó sobre las actividades de la organización, sino que también diseñó una estrategia comunicacional para minimizar sus delitos y presionar a las autoridades en su beneficio.
La Corte Suprema de Justicia fue enfática al señalar que Rubio Orjuela “desbordó los límites de la protección constitucional de su oficio” al dedicarse a “fabricar noticias falsas” e “inventarse fuentes” para favorecer a una organización criminal.
El alto tribunal advirtió que la libertad de prensa no puede ser utilizada como un escudo para proteger actividades delictivas.
“Es inestimable, qué duda cabe, el fundamental aporte de la prensa libre en la construcción y defensa de los valores democráticos, todo lo cual se desvirtúa- como también ocurre con otras profesiones liberales— cuando se desdibujan las fronteras del ejercicio profesional libre y autónomo para vincularse con las actividades al margen de la ley de una organización criminal”, dijo la Sala.
Según la Sala, el caso de Rubio ha reavivado el debate sobre la responsabilidad social de los periodistas y la necesidad de garantizar que la información que se difunde sea veraz, objetiva e imparcial.
“No es admisible, bajo la Constitución y las leyes colombianas, que un periodista oficie como propagandista o asesor de comunicaciones de una organización criminal para dedicarse a minimizar, a esconder o a disimular sus actividades delictivas para obtener beneficios económicos o jurídicos para la organización”, indicó la Corte.
