AI: Venezuela sigue cometiendo desapariciones forzadas como crímen de lesa humanidad
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades venezolanas siguen cometiendo desapariciones forzadas, catalogadas como un crimen de lesa humanidad, y pide procesar a los responsables.
Amnistía Internacional: Venezuela sigue cometiendo desapariciones forzadas como crímen de lesa humanidad
El informe de Amnistía Internacional “Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela” denuncia que las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes u opositores, y esto se configura como un crimen de lesa humanidad.
De los casos de 15 personas desaparecidas forzadamente documentados por Amnistía Internacional desde julio de 2024, cuando se presentaron las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se autoproclama como vencedor, 11 personas permanecen sometidas a desaparición forzada incluyendo a personas venezolanas y a ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
En ese sentido, le piden a la Corte Penal Internacional y a los tribunales nacionales que investiguen y procesen a los presuntos responsables hasta el máximo nivel.
“Esto incluiría no sólo a las altas figuras del Gobierno, sino también a aquellos funcionarios del sistema de justicia que, por acción u omisión, han facilitado, encubierto o legitimado la ejecución de esta política represiva”, dice la Organización.
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El informe aseguró que tras las elecciones presidenciales observó un “aumento drástico de la práctica de desaparición forzada, sobre todo, desaparición forzada de corta duración, por parte de las autoridades venezolanas en contra de personas opositoras o percibidas como tales”.
El modus operandi de Nicolás Maduro
AI sostuvo que las “estrategias” del Gobierno de Maduro para “reprimir” las manifestaciones en contra del resultado oficial de las presidenciales “siguieron un patrón recurrente”.
“Las personas eran privadas ilegalmente de la libertad, y en muchos casos inmediatamente incomunicadas, o se negaba u ocultaba su detención, suerte y paradero; además se les negaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, privándoles del derecho a la defensa adecuada, a ser escuchadas por un juez imparcial, a conocer los cargos o las pruebas en su contra y se les acusaba de delitos graves y ambiguos como ‘terrorismo’”, relató.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 940 presos políticos, la mayoría detenidos tras los comicios presidenciales.
El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino que aseguran cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores
