La Defensoría exige al Estado colombiano acatar las alertas que advierten riesgo por grupos armados
Solo para el departamento del Guaviare, esta entidad ha emitido 13 advertencias por el accionar de los grupos armados ilegales
Departamento del Guaviare (Foto vía Getty Images) / Jordi Romo
Bogotá
La Defensoría del Pueblo había alertado sobre la violencia creciente en el Guaviare. Esta entidad es clara es señalar que las alertas tempranas que emite son para que el Estado colombiano las acate y las aplique oportunamente porque lo que está pasando en Guaviare son hechos consumados porque se había advertido este riesgo para la población civil por la creciente disputa territorial de las disidencias de alias ‘Iván Mordico’ y alias ‘Calarcá’.
Son 13 alertas para el departamento del Guaviare que ha emitido la Defensoría desde junio de 2018 hasta enero de 2025 y por eso reiteran la importancia de ponerles la debida atención para proteger a las comunidades.
Los ocho cuerpos recuperados de una fosa común en Calamar, Guaviare, fueron en cumplimiento de una orden de la Fiscalía que contó con el apoyo de la fuerza pública para ingresar a la zona previa información recopilada.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, exige a estos grupos armados permitir el ingreso humanitario para atender a las comunidades que permanecen confinadas en el territorio.
“Por solicitud de las autoridades locales, la Defensoría ha hecho un llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para que permitan medidas humanitarias que den un alivio a la población civil del departamento. Esperamos que su respuesta sea positiva”.
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Una situación que también preocupa es la de los pueblos Nükak y Jiw, en proceso de extinción física y cultural por el desplazamiento, entre otras causas, que sigue siendo muy grave. Las mujeres y niñas indígenas Jiw y Nükak, afectadas por graves patrones de violencia de género, siguen siendo extremadamente graves.
La Defensora del Pueblo recibió información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y coordina acciones con la Fiscalía, autoridades del Gobierno nacional y territorial, para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva, de conformidad con el seguimiento hecho por la Corte Constitucional.