Tensión en Puerto Boyacá obliga al Gobierno a reubicar a 60 familias provenientes del Catatumbo

Puerto Boyacá

Una delicada situación humanitaria y social se vivió en los últimos días en Puerto Boyacá tras la llegada inesperada de cerca de 60 familias desplazadas desde la región del Catatumbo, Norte de Santander, muchas de ellas afectadas por recientes hechos de violencia y confrontaciones armadas con el ELN. La reubicación, ordenada de manera urgente por el Gobierno Nacional, generó malestar e indignación entre los habitantes del municipio boyacense, quienes denuncian falta de información, exclusión en el proceso y un desconocimiento del contexto territorial por parte del Estado.

El representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vaca, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre los hechos y en intervenir ante las autoridades nacionales para evitar que la situación escalara.

“Se presentó una situación tensa durante el fin de semana y los días previos. El Gobierno, debido a la complejidad de orden público en el Catatumbo, tomó la decisión de trasladar varias familias desplazadas a diferentes puntos del país. Uno de esos lugares fue Puerto Boyacá, específicamente una vereda donde ya habitan víctimas del conflicto armado”, explicó Suárez en declaraciones a Caracol Radio.

Según el congresista, el traslado fue ejecutado de manera sorpresiva, sin consulta ni socialización con las autoridades ni con la comunidad. Esta falta de previsión derivó en protestas, mensajes de advertencia en redes sociales y temor generalizado ante la posibilidad de disturbios.

“No solo hubo rechazo de la comunidad, también comenzaron a circular amenazas en redes sociales sobre la posible toma de la finca donde se alojaban los recién llegados. Esto generó un clima de zozobra. Lamentablemente, el Gobierno no midió el contexto de un municipio con más de 5.600 víctimas registradas del conflicto armado, muchas de ellas afectadas por las FARC, que siguen esperando ser reubicadas por la Agencia Nacional de Tierras”, añadió Suárez Vaca.

¿Quiénes eran las familias trasladadas?

Las familias desplazadas provenían del Catatumbo y entre ellas había firmantes del Acuerdo de Paz, desmovilizados de las extintas FARC que, por su condición de reinsertados y víctimas, cuentan con protección del Estado. Sin embargo, la llegada al municipio boyacense no fue bien recibida por todos los sectores, en parte por la falta de claridad sobre su procedencia y estatus.

“Cuando estuve en Puerto Boyacá, varios ciudadanos me dijeron que entre los desplazados había desmovilizados de las FARC. Es cierto, algunos eran firmantes del proceso de paz, y en esa nueva dimensión también son víctimas del conflicto armado. Pero el Gobierno no explicó esto ni a las autoridades ni a la comunidad”, subrayó el representante.

El congresista también rechazó tajantemente las versiones publicadas en algunos medios nacionales, que sugirieron que el rechazo de la comunidad podía estar relacionado con viejos vínculos o simpatías con el paramilitarismo.

“No es cierto que haya habido mezquindad o rechazo por prejuicio. La gente de Puerto Boyacá es amable, campesina y trabajadora. Lo que hubo fue una reacción lógica ante un proceso inconsulto. Si el traslado se hubiera socializado correctamente, no se habría presentado esta situación”, recalcó.

Gobierno reversa decisión y anuncia traslado a Bogotá

Ante la creciente tensión y tras la intervención del representante Suárez, la Unidad Nacional para las Víctimas, en cabeza de Gloria Cuartas, convocó una reunión de alto nivel y determinó suspender la permanencia de las familias en Puerto Boyacá. Las personas fueron trasladadas a Bogotá de forma transitoria mientras se definen lugares definitivos para su reubicación.

“Ya el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de llevar a estas personas a lugares más seguros. Es triste porque estas familias ya fueron desplazadas en el Catatumbo y ahora vuelven a ser revictimizadas por una mala planificación. Estamos hablando de alrededor de 60 familias, incluidos 40 niños, que siguen rodando por el país sin un lugar fijo para rehacer su vida”, afirmó Suárez.

La reubicación a Bogotá será temporal, mientras se realiza un nuevo proceso de socialización en los municipios que eventualmente las recibirán. El representante Suárez insistió en que el Gobierno debe ser más cuidadoso y respetuoso con las comunidades receptoras, especialmente aquellas con un historial tan complejo como el de Puerto Boyacá.

Falta de presencia institucional local

El congresista también criticó la ausencia de pronunciamiento por parte de autoridades departamentales, como la Gobernación de Boyacá, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, durante la emergencia.

“Me sorprendió, como a muchos, que ninguna autoridad del nivel territorial se manifestara sobre un tema tan delicado que pudo haber terminado muy mal. Uno esperaría más coordinación y acompañamiento en este tipo de situaciones”, lamentó.

Finalmente, Suárez reiteró que el episodio deja una lección clara para el Gobierno Nacional: no se puede improvisar con la dignidad de las víctimas ni desconocer los contextos territoriales. Aunque la crisis fue contenida, aún queda el reto pendiente de reubicar a estas familias de manera definitiva y digna.