Audiencia de la JEP: comparecientes del Batallón Antonio José de Sucre de Chiquinquirá

Tunja

En una audiencia clave para el proceso de Justicia Transicional, 34 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’ (Bisuc) comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir cuentas sobre su participación en crímenes ocurridos en Santander, Boyacá y Cundinamarca. Diez de ellos participaron de manera presencial y 24 de forma virtual.

Estos comparecientes no han sido considerados “máximos responsables” por la JEP, ya que, aunque estuvieron involucrados en los hechos, no desempeñaron un rol decisivo en la planeación y ejecución de patrones criminales. Por ello, se encuentran en la Ruta No Sancionatoria, un mecanismo que les permite resolver su situación jurídica sin sanciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la JEP, que incluyen:

• Aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas.
• Reconocimiento de responsabilidad.
• Acciones restaurativas para reparar el daño causado a las víctimas y sus comunidades.

La audiencia, presidida por el magistrado Mauricio García Cadena de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, inició con la presentación del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) sobre las víctimas y el contexto de los siete hechos abordados, que incluyen los homicidios de:

• Elkin de Jesús Álvarez Cardona
• Diego Alberto Pérez Mejía
• Jhon Francisco Pacheco Parra
• Hugo Fernely Giraldo
• Mauricio Ceballos Usma
• Milton César Acevedo Román
• Mario Arturo Marín Varela
• Manuel Franco Pinzón
• Víctor Alfonso Rodríguez
• Pedro Ricardo González (tentativa de homicidio)

Desarrollo de la audiencia

Durante la audiencia, las víctimas y sus familiares expusieron su dolor y exigieron justicia. El primer caso abordado fue el de los homicidios de Mario Arturo Marín Varela, Manuel Franco Pinzón y Víctor Alfonso Rodríguez, cometidos en La Belleza, Santander, el 14 de mayo de 2004.

María Yorlen Franco Pinzón, hermana de Manuel Franco Pinzón, se dirigió a los magistrados entre lágrimas para denunciar el impacto del crimen en su familia y las inconsistencias que aún percibe en los relatos de los comparecientes:

“Lo que yo pido es justicia, que no sigan camuflando lo sucedido. (...) Manuel Franco Pinzón, con solo 21 años, le arrebataron la vida de la forma más miserable. Y no fue ni la delincuencia común, ni la guerrilla, ni los paramilitares, fue el glorioso Ejército de Colombia, lo que, para mí, es un profundo acto de humillación”, afirmó conmovida.

Graciela Ardila Rodríguez, hermana de Víctor Alfonso Rodríguez, también intervino: “Esperamos que nos hagan justicia estos señores. Yo sé que a ellos los enviaron los altos rangos, pero queremos que ellos acepten los cargos y digan la verdad”.

El magistrado Mauricio García Cadena explicó que el objetivo de la audiencia es obtener un reconocimiento público de responsabilidad, luego de un proceso de verificación de los aportes de verdad, con el fin de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la restauración y la no repetición. Asimismo, destacó las dificultades del proceso de Justicia Transicional y la imposibilidad de responder plenamente a las expectativas de las víctimas: “Las demandas de verdad de las víctimas muchas veces no serán llenadas. (...) En la JEP tenemos a los perpetradores de los crímenes para que asuman la responsabilidad de unos hechos que, en otros escenarios de justicia, jamás se había realizado”.

Respuestas de los comparecientes

Los comparecientes Hernando Ocaño Congo, Ricardo Coca Arias y Carlos Augusto Ardila Millán tomaron la palabra para responder a algunas de las inquietudes de los familiares de las víctimas. Explicaron detalles sobre su participación en los hechos y mencionaron la posibilidad de localizar a un sujeto clave en la cadena de responsabilidad, quien fungía como reclutador de las víctimas y actualmente se encuentra fuera del país. Este individuo ha manifestado su intención de presentarse ante la JEP, lo que podría aportar nuevos elementos a la investigación.

En noviembre de 2024, en una audiencia previa y reservada llevada a cabo en Tunja, los comparecientes ampliaron sus aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad sobre los siete hechos cometidos en Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Luego de la presentación de estos informes, las víctimas intervinieron para hacer sus observaciones y expresar sus dudas respecto a los relatos de los comparecientes. La audiencia actual busca continuar con la validación de estos aportes y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los comparecientes en el marco de la Ruta No Sancionatoria.

El magistrado Mauricio García concluyó con un mensaje reflexivo: “Ellos (los comparecientes) tienen que ver y sentir el dolor de las víctimas, ver que les acabaron la vida a familias enteras, y es algo que los va a acompañar de por vida, eso es una vergüenza”. Y enfatizó: “Hasta donde sea posible, trataremos de tener más verdad”.