Bolivia: 7,3 millones de personas deberán elegir las máximas autoridades judiciales

Bolivia acude a las urnas este domingo con hastío y desconfianza para escoger por voto popular a sus máximas autoridades de justicia, en un proceso electoral atípico y cargado de cuestionamientos, donde la mayoría de las regiones no podrá participar de manera plena.

Desde 2011 Bolivia es el único país del mundo en que sus ciudadanos votan para designar a altos jueces, si bien México le seguirá los pasos en 2025 con una fórmula más radical, que incluirá a magistrados distritales.

Pero luego de dos elecciones (2011 y 2017) en que los votos nulos y blancos arrasaron con más del 60% del sufragio, los bolivianos llegan a esta tercera convocatoria aún con más desencanto.

“El desprestigio (del sistema de justicia) está más alto que nunca. Se creía que las elecciones judiciales podían de alguna manera cambiar esta situación, pero no ha sido así”, explica a la AFP la politóloga Ana Lucía Velasco.

En las más importantes ciudades del país, el 85% de la población confía poco o nada en el sistema de justicia, según una encuesta de Ipsos. “Siempre ha desconfiado la gente, pero nunca como en esta época. Ha llegado a lo máximo la incertidumbre”, opina Justo Arce, un jubilado de 72 años que no piensa ir a votar.

Estas son las claves de un proceso que busca renovar, de manera accidentada, los más altos cargos de una institución que ha perdido el crédito de la ciudadanía.

Camino accidentado

Este domingo 7,3 millones de ciudadanos escogerán a 38 autoridades -titulares y suplentes- del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.

Los candidatos son preseleccionados por el Parlamento. El proceso electoral debió desarrollarse en 2023, pero fue postergado  varias veces . Todos los magistrados tienen hoy sus mandatos vencidos.

El Tribunal Constitucional, ante las impugnaciones de algunos candidatos rechazados en la preselección, suspendió las elecciones que designarían a sus propios reemplazantes en cinco de los nueve departamentos del país. Tomó la misma decisión para el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia de apelación, en dos departamentos.

“Muchos de estos (...) van a continuar en su cargo porque las elecciones no van a cubrir sus jurisdicciones. De por sí, es una elección muy rara”, explica Velasco.

“Estaríamos pensando que estos jueces casualmente ‘autoprorrogados’ se quedarían hasta el 2027. Es la Asamblea Legislativa la que tiene que pronunciarse al respecto”, señaló el miércoles Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, en conferencia con la prensa extranjera.

Juego político

En 2025 Bolivia tendrá elecciones presidenciales y el poder judicial puede inclinar el tablero político mientras Evo Morales y el presidente Luis Arce se disputan el liderazgo de la izquierda.

Ya lo ha hecho este año el Tribunal Constitucional cuando impidió una nueva candidatura de Morales, que gobernó el país entre 2006 y 2019, al limitar a solo dos los mandatos presidenciales que puede ejercer un ciudadano.

“Es posible que con estas elecciones vengan nuevos jueces que cambien esa sentencia”, dice Velasco.

“Lamentablemente la injerencia política de izquierda y derecha ocasiona que jueces independientes, no todos, se subordinen al poder”, comenta Danny Paucara, presidente del Colegio de Abogados de La Paz.

Pese a la prohibición, Morales insiste en postularse, mientras que Arce no ha confirmado si buscará un segundo mandato, aunque en su gobierno hay voces que apoyan la idea.

Desconocimiento

Las elecciones resultan además complicadas de entender para la población. Los candidatos están impedidos de hacer campaña electoral y sus perfiles son de difícil acceso para los votantes.

“No conozco a nadie”, dice Valentina Esteban, un ama de casa de 57 años, sobre los candidatos que se postulan. “No estoy conforme con la justicia porque no se puede confiar (...) No sé quién dice la verdad y quién miente”, agrega.

Velasco advierte que “los jueces terminan siendo escogidos por un 2% o 3% del padrón” electoral. “No tienen ninguna legitimidad y eso tiene que ver con que la gente no crea mucho en el sistema”, anota.

Las elecciones judiciales se plantearon durante el gobierno de Evo Morales con el argumento de favorecer la imparcialidad. “Estamos yendo a una tercera elección, donde aparentemente estamos por encontrar una solución a un problema que no pasa por una elección”, concluye Paucara.