Gobernación dice que sí es viable jurídicamente proyecto de impuesto a la seguridad
Con el respaldo de 100 alcaldías de Antioquia, Andrés Julián Rendón pidió a la asamblea aprobar el proyecto de cobro en la factura de los servicios públicos.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Crédito: cuenta de X
Antioquia
Este lunes 25 de noviembre la Asamblea Departamental de Antioquia inició el primer debate sobre el polémico proyecto de ordenanza del cobro de un impuesto en la factura de los servicios públicos para fortalecer la seguridad en el departamento, pese a las múltiples voces en contra de diversos sectores en la región, propuesto por el gobernador Andrés Julián Rendón.
A pesar de las advertencias de Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre la posible nulidad del proyecto por vulnerar el principio de legalidad tributaria, la Gobernación aseguró que el impuesto es legal y obligatorio si se aprueba, dado que ya habría sido revisado por la Corte Constitucional.
Martha Patricia Correa Taborda, secretaria general de Antioquia, explicó: “Se declara exequible por los cargos revisados en el artículo 12 de la ley 2272 en el entendido de que la autorización del tributo allí contenida aplica a todos los departamentos y municipios”.
El gobernador Andrés Julián Rendón defendió la iniciativa, respaldada por más de 100 alcaldías, argumentando que es necesaria para enfrentar los problemas de orden público. Rendón afirmó que el impuesto no afectará a la población más vulnerable y llamó a la solidaridad de quienes estarán sujetos al cobro.
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“No hay tributo alguno que sea cómodo de implementar y pagar tributos no le gusta a nadie, a ningún ciudadano, ningún comerciante, a ningún industrial, a nadie a nadie le gusta pagar tributos, pero son necesarios cuando de financiar bienes públicos se trata. Porque hay una desfinanciación tan protuberante como infortunadamente acontece en el tema de seguridad”, expresó Rendón.
El mandatario, sumado con el centenar de alcaldes, subrayó que la medida es clave para combatir amenazas como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y el microtráfico, que desestabilizan el orden público en Antioquia. Además se pidió a la asamblea aprobar el impuesto para solventar los gastos relacionados a la seguridad en cada uno de los municipios que lo necesitan.
Sobre la propuesta
De ser aprobado, el proyecto estipula que los estratos 4, 5 y 6 pagarán 80 pesos por kilovatio por hora consumida al mes, mientras que el sector empresarial tendrá un promedio de 60 pesos por kilovatio hora consumido. Además, el 60% de los no residenciales, incluidos comercio, industria y sector oficial, contribuirían con menos de 30 mil pesos mensuales, según explicó la Gobernación de Antioquia.
El debate continúa en manos de los 26 diputados de la Asamblea Departamental, quienes tendrán la última palabra sobre la controversial propuesta.