Exjuez desvió más de 23 mil millones del Magisterio para favorecer a docentes.
El exjuez es señalado de avalar el reconocimiento irregular de cesantías a docentes y de embargar cuentas oficiales.
Convocatoria para integrar listas de conjueces // Foto: Getty Images / RUNSTUDIO
Bogotá
Un Fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control garantías, al exjuez laboral de Buenaventura Wilson Escarria Camacho, y le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
Los cargos no fueron aceptados por el exservidor judicial, quien se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario en la ciudad de Cali por otras actuaciones presuntamente irregulares, donde es señalado de reformar y agrupar irregularmente en siete procesos, las demandas de profesores contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio por pagos atrasados de cesantías.
Mediante la audiencia, el fiscal aseguró que el exjuez en cada actuación podría agrupar entre 50 y 300 reclamantes. Indicó que entre enero y noviembre de 2019, el entonces juez emitió 53 decisiones de fondo y accedió a las pretensiones de los docentes.
“Se intentó en cinco oportunidades apropiarse de recursos del estado y en dos oportunidades se apropió y se consumó de recursos del estado de la nación del ministerio de educación nacional y del Fomag administrados por la Fiduprevisora en cuantía de 23,000 millones de pesos”, señaló el fiscal.
La fiscalía fue más allá y afirmó durante la audiencia, que Wilson Escarria intervino sin ser el competente para emitir los fallos y sustentó sus argumentos en normas derogadas. Adicionalmente, el exfuncionario ordenó el embargo de cuentas de entidades del Estado, algo que prohíbe la ley.
“Sé violento el principio del juez natural, siendo esta actuación dolosa y sistemática, ya que el trámite se dio en diferentes procesos, aprovechándose de la situación presentada ante la falta de notificación de las entidades estatales, y haciendo manifestaciones contrarias a la realidad al traslado de excepciones o a los incidentes que se planteaban en contra de sus decisiones”, reitero la fiscalía.
De los siete procesos que asumió, cinco fueron revocados en segunda instancia. De cualquier manera, por los que quedaron en firme se recibieron en depósito judicial más de 23.000 millones de pesos, que habrían sido direccionados a los abogados de los profesores.
