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Acuerdo histórico: 18.000 hectáreas para campesinos víctimas del conflicto

Esta se constituye como la primera venta masiva de tierras que realiza el Fondo para la Reparación de las Víctimas a la Agencia Nacional de Tierras.

Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Colombia

En un avance significativo hacia la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, la Unidad para las Víctimas (UPV) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunciaron la adquisición de 18.000 hectáreas de tierras, un paso fundamental en el marco de la Reforma Agraria. Este convenio, el primero de su tipo entre el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) y la ANT, busca ofrecer oportunidades a campesinos afectados por el paramilitarismo.

La iniciativa representa una inversión de más de 175.000 millones de pesos ($175.940.802.693), que se destinarán a reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, destacó que se espera que alrededor de 5.000 personas reconocidas en sentencias de Justicia y Paz se beneficien de esta acción.

“Heredamos un gran rezago en la reparación a quienes sufrieron el conflicto armado, algo que ha devenido en muchísimo sufrimiento para ellas. Con este paso, esperamos reparar alrededor de 5.000 víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz”, Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas. Por su parte, Felipe Harman, director de la ANT, añadió que esta compra masiva de tierras es posible gracias a la voluntad política de ambas entidades para superar las barreras institucionales que han limitado la reparación.

El acuerdo se centra en la entrega de tierras que pertenecieron a grupos paramilitares, facilitando su uso para proyectos productivos y asegurando así una mejora en la calidad de vida de los campesinos. Entre los departamentos priorizados para la adquisición se encuentran Antioquia, Córdoba y Santander, donde se localizarán predios que han estado ociosos desde el proceso de paz de 1998.

La modificación reciente del convenio permitirá una toma de posesión más rápida de los predios, acelerando la entrega de tierras a las familias campesinas que han esperado durante años acceder a estos territorios. Con la capacidad de adquirir hasta 130.000 hectáreas más, este convenio abre un nuevo horizonte para la justicia social y el desarrollo rural en Colombia.

A través de esta acción, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la restitución de tierras, la reparación integral y la justicia social, promoviendo un futuro más esperanzador para las víctimas y el campesinado del país.

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