Contraloría pone la lupa sobre Urrá: inició actuación especial de fiscalización
El valor total de los contratos objeto de esta investigación fiscal supera los 1,4 billones de pesos.
Foto: vicecontralor Carlos Mario Zuluaga. Cortesía Contraloría General de la República.
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La Contraloría General de la República ordenó el inicio de una actuación especial de fiscalización a la Hidroeléctrica Urrá, con el objetivo de investigar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la venta de energía.
A través de su delegada para el Sector de Minas y Energía, el órgano de control investigará las prácticas de la referida empresa, las cuales, podrían haber ocasionado pérdidas superiores a los 300 mil millones de pesos para la generadora, en la que el Estado colombiano posee una participación del 99,98%.
“Esta actuación se centrará en examinar la posible contratación en energía con un reducido número de empresas comercializadoras, así como la presunta adjudicación directa, a dedo, de estos contratos sin un criterio técnico claro para la asignación”, precisó el vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga.
Y agregó que “esta semana se ordenó la ejecución de esta actuación y se notificó a la Hidroeléctrica Urrá, se instalará esta semana las mesas de trabajo para definir el alcance de esta actuación; pero los hechos que se van a investigar aquí es si efectivamente esa contratación se hizo a dedo o no, si se cumplió con el plan de estructuración financiera que tenía la empresa generadora para incorporar esos recursos por venta de energía y si efectivamente esas ventas por valores menores, pudieron haber ocasionado o no, la pérdida de los 300 mil millones de pesos”.
El órgano de control también anunció que solicitará información a varias empresas del sector energético, y tratará de determinar si hubo afectación al patrimonio público, toda vez que los precios de los contratos adjudicados podrían no corresponder con los del mercado vigentes para los años 2023 y 2024.
Según la Contraloría, los informes preliminares han permitido establecer que el valor total de los contratos objeto de esta investigación fiscal, supera los 1,4 billones de pesos.