¿Eliminarán esquemas de seguridad a concejales sin riesgos? Tribunal estudia demanda
Una acción popular pretende que las autoridades revisen la forma en que se otorgan los costosos esquemas de seguridad a los 45 concejales de Bogotá.
Judicial
Un ciudadano identificado como Camilo Araque Blanco presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda contra el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía y Concejo de Bogotá, por la presunta entrega innecesaria de esquemas de seguridad a los 45 concejales de la capital del país.
El demandante alega que dichas entidades, les asignan de manera automática esquemas de seguridad a los 45 cabildantes, sin exigirles acreditar la existencia de un riesgo extraordinario o extremo, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio interadministrativo N.° 240467, suscrito entre la UNP y la secretaría de Hacienda. A pesar de que el Distrito gasta anualmente más de $8mil millones de pesos en estos esquemas.
Es así como el demandante, señala al concejo de Bogotá de “permitir que sus miembros gocen de esquemas de seguridad sin siquiera acreditar la existencia de un riesgo extraordinario o extremo en su contra”.
El magistrado del Tribunal de Cundinamarca, César Giovanni Chaparro, decidió estudiar esta demanda al considerar que “el demandante no pretende controvertir la legalidad de ningún contrato o acto administrativo, sino la forma en la que se están realizando los estudios de seguridad”.
Precisamente, el ciudadano Camilo Araque Blanco expone que con esta demanda pretenden que se realicen nuevos estudios de seguridad de los concejales, y solo se otorguen medidas de protección ante la existencia real y verificable de un riesgo extremo, “y que estos recursos públicos sean invertidos y utilizados en otras necesidades más apremiantes de los ciudadanos”
Cabe resaltar que, en el Concejo de Bogotá, los únicos concejales que rechazaron estos esquemas son Daniel Briceño y Julián Triana.
Las mencionadas entidades del gobierno y del Distrito ya fueron notificadas y tendrán de 10 días para contestar la demanda y solicitar la práctica de las pruebas que pretenden hacer valer en el proceso.
