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Extracción ilícita de minerales se ha triplicado en el Bajo Cauca antioqueño en 5 años

El daño ambiental para municipios ribereños del Río Nechí es grave y el impacto a largo plazo es incalculable.

Minería en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Foto: Caracol Radio

Medellín

Caracol Radio conoció las cifras de la maquinaria que se tiene detectada en el Río Nechí para la extracción ilícita de minerales, especialmente de oro, y la manera como en los más recientes cinco años se ha triplicado, cada vez con equipos más grandes, lo cual está generando un daño ambiental muy difícil de reparar.

Son en total 335 equipos solo en la cuenca de este afluente, cuando hace cinco años, en el 2019, se tenían 105.

¿Qué tipo de equipos para la extracción se encuentran en la zona?

Allí se tiene el registro de planchones, canoas, dragas tipo caperuza, tipo buzo, retroexcavadoras, elevadoras y las más grandes que son las dragas tipo brasileñas, a las cuales también se les conoce como Dragones.

Estos últimos equipos son plataformas de dos pisos con varias dragas unidas y que extraen toneladas de tierra para recuperar oro en el río.

Además del daño ambiental, preocupa la manera como los grupos armados ilegales estarían invirtiendo en esa maquinaria para aumentar sus ingresos ilícitos. Si bien una canoa con motor se puede conseguir por 30 millones de pesos, una retroexcavadora cerca de cien millones de pesos, los equipos de mayor daño ambiental, las dragas tipo brasileñas tienen un valor cercano a los mil quinientos millones de pesos, cada una.

Hoy hay en el territorio 54 equipos detectados de estas características, lo que representa un movimiento económico cercano a los 81 mil millones de pesos. Esos recursos, según los expertos, podrían provenir de grupos de ilegales que se nutren del negocio de la extracción ilícita de oro.

Esta situación, además del daño ambiental, afecta el orden público.

¿Cuántas hectáreas hay afectadas?

Andrés Restrepo Isaza es el Presidente de Mineros S.A., empresa que trabaja en esta subregión de Antioquia, indicó que: “hay más de 20 mil hectáreas devastadas y hay una presión muy grande sobre las empresas que operamos de manera formal en la zona”.

Son cerca de 200 kilómetros cuadrados que se han talado, se han intervenido los afluentes, allí hay vertimiento de mercurio a esos ríos y esto ha afectado especies, comunidades y daños irreparables en miles de años.

Zonas que eran bosques, hoy parecen desiertos y las manchas de químicos se evidencian desde los sobrevuelos en la zona. Esa extracción en áreas protegidas ha aumentado la degradación de los suelos, inundaciones, inestabilidad de los terrenos.

¿Cómo se afecta el orden público con esta actividad ilícita?

Miles de personas se están dedicando a la minería ilegal hoy en el Bajo Cauca, pero también son comunidades afectadas por las alteraciones del orden público debido a la presencia de los grupos armados ilegales. Es un ambiente de tensión, porque hay presiones por los paros armados, los enfrentamientos entre ilegales por el control territorial y lo más complejo es que la comunidad queda en medio, es la más afectada.

Lo que se está viviendo en este momento en la región es una tensa calma. Ha habido declaratorias de paro armado en algunos corregimientos de El Bagre y eso ha impedido que las personas pueda ir a comprar sus mercados. Hay mucha presencia de grupos armados ilegales en la zona”, dijo Andrés Restrepo Isaza es el Presidente de Mineros S.A.

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¿Algunos anuncios han incentivado la problemática?

Dos anuncios han incrementado la problemática en esa zona del departamento de Antioquia.

El primero, cuando se terminó en este departamento la Delegación Especial Minera, que le permitía los trámites y control desde la Secretaría de Minas Seccional.

El segundo, es el anuncio de la creación del Distrito Especial Minero y la formalización en el territorio, eso elevó los intereses por la extracción ilegal.

Según lo explicó Andrés Restrepo Isaza, “entre el año pasado y este año se hicieron anuncios de que se iba a crear una empresa, que se iba a formalizar a las personas, y a mí me parece que eso fue similar a cuando se hizo el anuncio durante el proceso de paz de que se iba a pagar por la erradicación de las matas de coca, que lo que generó es que la gente empezara a sembrar. Ahora, como se generó la expectativa de la formalización, hay una cantidad de personas dedicadas a la actividad minera de manera informal e ilegal y la presencia de ellos en la zona está teniendo un impacto terrible sobre el medio ambiente”.

Caracol Radio conoció que las empresas legalmente constituidas en la zona han adoptado acciones interpuestas ante las autoridades administrativas, los entes de control e incluso acciones judiciales, con una baja efectividad.

Hay denuncias ante la Fiscalía por delitos ambientales, deforestación y extracción ilícita de minerales, hay denuncias ante la Procuraduría y también la Agencia Nacional de Minería, las alcaldías municipales de la región, la Armada y el Ejército. La problemática en vez de tener un mayor control y mejorar las condiciones, empeora.