¿Qué efectos tendrá en el gobierno las denuncias de posibles interceptaciones ilegales?

En Hora 20 el análisis denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales a magistrados y periodistas desde el gobierno nacional. Una mirada a sus implicaciones y efectos para el gobierno, así como el rol de la Fiscalía en las investigaciones. Después otro escándalo que implica a la directora del Dapre, Laura Sarabia.

Esto dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y columnista en El Espectador, planteó que Gobierno ha dicho que organismos de inteligencia son para perseguir el crimen, pero de estas denuncias preocupa de dónde vienen como es el caso del magistrado Ibáñez, “uno le cree al magistrado lo que está diciendo”, sentenció.

No obstante, comentó que la preocupación es que, o el Gobierno no tiene control de inteligencia del Estado o que hay terceros comprando software como Pegasus y pueden hacer grabaciones hasta por años, “a las mafias organizadas les preocupan las decisiones que toman las altas cortes. No sé quién pueda ser o puede ser gente del gobierno que no se está controlando. La responsabilidad de todas maneras es del Gobierno”.

También resaltó que ojalá estas investigaciones internas no se queden como otras, por ejemplo, la del 2019 todavía no se sabe quién ordenó interceptaciones. “Si el Gobierno dice que no persigue, más vale que haga la investigación interna”.

Francisco Llored, abogado, exministro, exdirector de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, planteó que lo ocurrido es grave porque la denuncia la formula un magistrado muy serio, “surge entonces la inquietud de quién puede hacer las cosas. La Fiscalía cuenta con capacidad importante de escucha, lo que permite interceptaciones legales”. Resaltó que las denuncias ameritan la atención porque en este momento quien está al frente de la DNI, es Carlos Ramón González, “que es cercano al Presidente y es un nombre que ronda a posibles hechos de corrupción”.

Comentó que puede haber interés del Gobierno en conocer qué opinan y deciden algunos magistrados, “pero no es casualidad que el posible chuzado sea Ibáñez, que ha sido crítico de iniciativas del Gobierno”. De otro lado, dijo que le preocupa la respuesta del Presidente, “él indicó que dio la orden de no hacer interceptaciones, pero otra cosa es que no se hayan hecho. Parece que el propio presidente tiene dudas al respecto. Es importante que la fiscal avance en la investigación”.

Para Fabio Humar, abogado penalista y profesor universitario, el problema es que ya Colombia pasó por esto, “me da temor y preocupación porque el país ya vivió una hostilidad hacia los magistrados chuzados y perseguidos, incluso en la sede judicial. Le doy plena credibilidad a lo que dice el magistrado Ibáñez”. También fue enfático en decir que el Estado tiene que salir a mostrar que eso no fue así, “pero eso no solo pasa por la veeduría interna del Ejecutivo, acá la nueva fiscal debe dar resultados. De ser cierto esto, la Fiscalía debe dar resultados muy pronto”.

Antonio Sanguino, sociólogo, exsenador, consultor y exjefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotál, resaltó que este tipo de prácticas de perseguir al opositor político es propio de la doctrina del enemigo interno, “los organismos de inteligencia en varios países se usaron para chuzar, perseguir y torturar al opositor político”.

Destacó que fue víctima de las chuzadas del DAS, también la Brigada 20 y asesinatos, “no solo nos chuzaron, asesinaron a Pizarro, Pardo Leal, Luis Carlos Galán. Brigada 20 era una máquina de crímenes de lesa humanidad”. Sobre la DNI, dijo que se creó tras el aparato de interceptación del DAS, “pero no tiene capacidad tecnológica para hacer una operación de espionaje; no creo que el Presidente sea tan cínico para ordenar algo de lo que él fue víctima”.

Manifestó que el Estado es un campo de batalla, “este gobierno no va a chuzar a nadie y menos a un magistrado con el que tiene tantos territorios comunes como lo es el magistrado Ibáñez. La Fiscalía y la Corte Suprema deben ir a fondo y rápido”.

Carlos Gustavo Arrieta, abogado, exprocurador general de la nación y exmagistrado del Consejo de Estado, destacó que el caso del magistrado Ibáñez es particular por lo que él significa y su trayectoria, “él ha sido ponente de muchas decisiones controversiales y negativas para el gobierno que han generado impacto político”.

Resaltó que no hay cosa más difícil que investigar chuzadas, “hay muchas personas con capacidad de interceptar teléfonos y detectar una chuzada no es nada fácil, eso no deja huella y la única forma de encontrarlo es ir directamente a las entidades o personas que podrían chuzar para encontrar un archivo que haya dejado constancia”.