Defensoría del Pueblo alerta sobre baja ejecución presupuestal en el sector agropecuario
Entre enero y mayo de 2024, solo se ha ejecutado el 6,48% de los $8 billones asignados para inversiones en este sector, según su reciente informe.
Defensoría del Pueblo (Colprensa)
Colombia
La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe que evalúa la ejecución presupuestal del sector agropecuario en Colombia, poniendo de manifiesto la baja utilización de los recursos asignados para el presente año. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2024, solo se ha ejecutado el 6,48% del presupuesto total de $8 billones, destinado a inversiones.
La Agencia Nacional de Tierras, que cuenta con la mayor parte del presupuesto con $4,9 billones, ha ejecutado únicamente el 3,83%. La Agencia de Desarrollo Rural ha alcanzado un 5,26% de ejecución, mientras que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad que dirige la política agropecuaria, ha logrado una ejecución del 9,99%.
Entre los proyectos de inversión prioritarios, la formalización de predios privados rurales ha ejecutado el 23,42% de su presupuesto, el ordenamiento social de la propiedad rural el 13,5%, y el programa de reforma agraria y reforma rural integral solo el 1,95%. Esto indica que las iniciativas clave para la formalización de la propiedad rural y el acceso a tierras no están avanzando según lo planeado.
El informe también destaca la preocupación por la escasa ejecución en proyectos destinados a generar ingresos y fortalecer el sector agropecuario. El programa ‘Campo Emprende’ para fortalecer el cooperativismo y la ACFC ha ejecutado apenas el 1%, y las alianzas para la ACFC el 3,01%. Otros proyectos como los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural y las estrategias de inserción económica de la población rural muestran ejecuciones del 6,41% y 3,62%, respectivamente.
La Defensoría del Pueblo subraya la necesidad de acelerar la ejecución de estos recursos para cumplir con las metas gubernamentales y enfrentar la pobreza en el campesinado. La entidad insiste en que el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional requiere una gestión más efectiva y rápida de los programas y proyectos agropecuarios.