Por brote de tuberculosis Corte protege derechos de PPL en cárcel de Montería

La Corte Constitucional analizó una acción de tutela que presentó un funcionario del centro carcelario al considerar que esta cárcel requiere el servicio de la empresa Veolia Aguas y la coordinación de la USPEC y el INPEC para el mejoramiento del sistema de alcantarillado interno y externo de aquel, toda vez que los servidores que allí laboran y las personas privadas de la libertad se encontraban en medio de “una emergencia sanitaria” por cuenta de un brote de tuberculosis.

Lo anterior, debido al mal funcionamiento de la red de alcantarillado que se encuentra al frente del centro penitenciario y a la antigüedad de la que opera en la parte interna de la cárcel. Además, el accionante aseguró que el centro penitenciario no tiene la capacidad suficiente para la evacuación de aguas residuales en relación con la cantidad de personas que se encuentran privadas de la libertad.

En primera instancia se negó el amparo y, en segunda instancia, se declaró improcedente. La Sala de Revisión revocó lo decidido en el Corte Constitucional y protegió los derechos alegados, por considerar que existe una estrecha conexión entre el acceso a un adecuado sistema de alcantarillado y la realización de los derechos a la salud, a la privación digna de la libertad y al trabajo digno.

Para la Corte es claro que hay una inadecuada prestación del servicio de alcantarillado y, por tanto, ordenó a la empresa Veolia Aguas presentar ante la USPEC, el INPEC y la administración de la cárcel Las Mercedes de Montería, un plan detallado de prevención, evaluación y ejecución de las obras de alcantarillado, conforme al Plan de Saneamiento y Manejo de los Vertimientos del municipio, para evitar que las aguas residuales provenientes del establecimiento continúen desbordándose y represándose en el interior de la cárcel.

También ordenó a la dirección de la cárcel, al INPEC y a la USPEC que implementen una mesa de diálogo que permita establecer un plan de coordinación y gestión para remediar la situación actual del establecimiento en relación con el servicio de alcantarillado y saneamiento básico interno del establecimiento y que salvaguarde los derechos de las poblaciones afectadas.