Corte Suprema acepta impedimentos de tres magistrados para conocer proceso de Uribe

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respondió un impedimento expresado por los integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Magistrados Carlos Andrés Guzmán Díaz, Dagoberto Hernández Peña y Hermens Darío Lara Acuña, para conocer de los recursos de apelación y queja propuestos por los abogados de Álvaro Uribe procesado por la posible comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Sobre esto la decisión de la Corte deja por fuera a estos 3 togados, y ahora el Tribunal tendrá que designar sus reemplazos para poder avanzar con el proceso.

Y es que la razón para aceptar los impedimentos es que los tres magistrados ya habían tomado parte en una decisión que afectó los intereses de Uribe Vélez. En ese momento, el Tribunal confirmó la investigación en su contra, a pesar de los argumentos de su defensa y la Fiscalía de la pasada administración quienes afirmaron que no existían pruebas ni testimonios que vincularan al expresidente con un esquema ilegal para influenciar testigos.

“En efecto, al decidir la apelación propuesta por la delegada Fiscal contra la providencia que negó la preclusión del trámite, los Magistrados que expresaron su impedimento sí formularon distintas consideraciones que, no solo critican la ausencia de elementos probatorios fundantes de la pretensión de preclusión, sino que, incluso, muestran que evaluaron el acervo probatorio inicialmente recaudado e incluso formularon juicios que, a la postre, podrían obnubilar su juicio y afectar la garantía de imparcialidad que recae sobre la administración de justicia en este asunto”, dice el fallo.

Por otro lado resaltan que los Magistrados “comprometieron su criterio, en tanto emitieron juicios de valor sobre algunos de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y advirtieron necesaria la continuación del proceso por los delitos atribuidos a ÁLVARO URIBE VÉLEZ”.

Lo anterior toma relevancia porque significa que, en aras de garantizar la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, que debe declararse fundada la manifestación impeditiva expresada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Las primeras audiencias preparatorias contra Uribe están para el 5, 6 y 7 de julio y el Tribunal debe tener listos a los magistrados que hoy están impedidos.