Corte Suprema y alcaldes se unieron para tomar medidas con privados de la libertad
Traslados a condenados y sitios de detención temporal, reducir la posibilidad de libertad por vencimiento de términos y evitar la sobrepoblación fueron algunas de las medidas urgentes para enfrentar hacinamiento en estaciones de Policía
Estación de Policía / CAMILA DIAZ
Tras finalizar la reunión entre la Corte Suprema, la Fiscalía, el Inpec y alcaldes de diferentes ciudades del país para mejorar la crisis carcelaria los funcionarios acordaron varias estrategias y compromisos para enfrentar la sobrepoblación en las estaciones de la Policía y las Unidades de Reacción Inmediata.
Primero se acordó el traslado inmediato de 900 personas privadas de la libertad, que están condenadas, a las que ya se abrió cupo en centros carcelarios del país.
Además que el Inpec realizará un informe sobre los internos que ya tienen derecho a beneficios como libertad condicional y casa por cárcel y quienes están pendientes de decisiones de jueces de Control de Garantías.
“La reunión que sostuvo la Corte Suprema de Justicia tuvo como eje central el estudio y análisis de la situación que enfrentan más de 27.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y en URIs, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que sin duda representa un drama humanitario pero también está significando el traumatismo en los procesos judiciales que se adelantan contra estas personas en la medida de que no se cuenta con la capacidad suficiente por parte de la policía judicial para cumplir con las remisiones cuando estas personas privadas de la libertad en estos sitios requieren la asistencia a los despachos judiciales”, dijo Gerson Chaverra presidente de la Corte.
Sobre esto la Corte se encargará de esa mediación con los jueces para tener decisiones rápidamente y que los internos puedan acceder a esos beneficios a los que ya tienen derecho.
Por otro lado señalaron que los alcaldes se comprometieron a tomar medidas que garanticen la interconexión en las estaciones y URI para que los internos puedan asistir a las diligencias judiciales de forma virtual, reduciendo la posibilidad de libertad por vencimiento de términos y prescripciones que se convierten en impunidad.
Y por último el Ministerio de Justicia realizará un informe para examinar la posibilidad jurídica de que los alcaldes creen sitios transitorios especiales de reclusión vigilados por particulares para que allí puedan ser trasladados internos que hoy están en estaciones de Policía y URI.
