Gobierno lanza ruta de generación de ingresos para víctimas del desplazamiento forzado
Esta medida, enmarcada en el Enfoque de Soluciones Duraderas propuesto por la ONU, busca contribuir a la estabilización socioeconómica de esta población afectada por décadas de conflicto armado.
Colombia
Este viernes, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Trabajo anunciaron la implementación de una ruta específica para la generación de ingresos destinada a las víctimas del desplazamiento forzado interno en Colombia. Esta iniciativa se enmarca en la política pública de estabilización económica y está basada en el Enfoque de Soluciones Duraderas propuesto por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La medida surge como respuesta a la Sentencia T-025 de 2004, en la que la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) debido a la precaria situación de las víctimas del conflicto armado. La nueva ruta apunta a proporcionar soluciones estructurales a largo plazo para superar la vulnerabilidad de las víctimas, quienes constituyen el grupo más numeroso entre los casi 10 millones de personas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, calificó el anuncio como un “hecho histórico para las más de ocho millones de víctimas del desplazamiento forzado”. Según Tobón Yagarí, la ruta permitirá que esta población pueda “sobrellevar los efectos que el conflicto armado les dejó”, destacando la importancia de la transición de políticas asistenciales a políticas efectivas que promuevan la empleabilidad y dignificación de las víctimas.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, subrayó que el primer paso en la implementación de esta política se dio con la firma del decreto que oficializa la ruta de generación de ingresos. Ramírez enfatizó que se busca “establecer políticas perdurables, no coyunturales”, asegurando una sinergia para garantizar el éxito en la creación de oportunidades de empleo formales y sostenibles.
La ruta de generación de ingresos comprende varios ejes estratégicos: la superación de la vulnerabilidad de las víctimas, el establecimiento de una política pública de trabajo decente y digno, la generación y protección de empleos formales, la promoción del empleo rural, el apoyo a la economía popular y comunitaria, el crecimiento empresarial sostenible, el acceso oportuno a factores productivos, y el fortalecimiento del emprendimiento.
Este trabajo, iniciado en febrero, busca no solo mejorar las condiciones de vida de las víctimas, sino también avanzar en la construcción de una política pública integral que les garantice una verdadera estabilización económica y social.