El lío en el puerto de Buenaventura que le podría costar miles de millones al país

Una nueva demanda multimillonaria contra el Estado está cocinando Ventura Group, empresa que el 23 de diciembre recibió la prórroga del contrato por parte del Ministerio de Transporte para la operación del muelle 13 del puerto de Buenaventura, pero misteriosamente, cinco días después, el 28 de diciembre, el gobierno se arrepintió y echó para atrás esa decisión.

El ministro William Camargo ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura revocar la prórroga que ellos mismos, 5 días antes, habían otorgado. Dijo que había una “posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”. Y que, por lo tanto, no era posible prorrogarles el contrato de operación del muelle 13.

El 6 de enero de 2024, el Ministerio de Transporte reconfirmó su decisión en una nueva resolución, y señaló que no iba más esa concesión del muelle 13. Y luego, el pasado 14 de marzo, fue la ANI la que ratificó que no iban a prorrogar más el contrato.

Sobre el hecho, la Procuraduría se manifestó y en un documento de 21 páginas, advierte sobre graves consecuencias disciplinarias, legales y de recursos que podría traer esta decisión, y las demandas que recaerían sobre el Estado.

La Procuraduría le pidió a la ANI, el pasado 11 de marzo, entregar una copia de los soportes técnicos que demostraran que, como decía el ministro, debía negarse la prórroga por un daño ambiental.

Frente a lo cual, la ANI respondió que tales “soportes no existían”, por lo que la Procuraduría pidió una copia de ese presunto daño ambiental a la Superintendencia General de Puertos, cosa que fue usada como argumento para reversar la prórroga.

Así las cosas, la decisión que tomó la ANI y el Ministerio de transporte “se basó en suposiciones de afectaciones ambientales, sin que se contara con los estudios o análisis técnicos que la soportaran”. Es decir, se los inventaron.

¿Cuál es la respuesta de la ANLA?

Pero hay más, en la primera decisión de reversar la prórroga, el 28 de diciembre, dice el Ministerio que necesitan un concepto o una consulta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pero solo hay un problema: la ANLA no tiene competencia para emitir un concepto. Quien sí la tiene, es la EPA, el Establecimiento Público Ambiental, máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana de Buenaventura.

De esta manera, el asunto ambiental está superado, y parece más una excusa conveniente para reversar una prórroga que ya habían dado, teniendo en cuenta que la Procuraduría citó en el informe que “la sociedad portuaria cuenta actualmente con un Plan de Manejo Ambiental actualizado al año 2023, aceptado por la autoridad ambiental competente, EPA”.

¿Qué hará la Procuraduría frente a los hechos?

Por lo cual, en Caracol Radio podemos confirmar que la Procuraduría pedirá que se investigue disciplinariamente a los funcionarios que participaron de todo esto. Y algo más: Venture Group sí está pensando en demandar a la Nación, ya está buscando abogados para ello, y se viene otra demanda multimillonaria contra el Estado.