¿Qué se necesita para avanzar en la paz con el Clan del Golfo?

En Hora20 una mirada a las distintas caras de la Paz Total. Lo que podría ser la próxima mesa de diálogo que se abra: la que se instalaría con el Clan del Golfo ante la puerta que abrió ayer el presidente Petro, se analizó el alcance de ese diálogo, los retos y el reconocimiento político que buscaría la organización. Después una mirada al diálogo con el EMC, la suspensión del cese en varios departamentos y el llamado de algunos gobernadores para que se aplique la misma medida en su territorio. Por último, el posible fracaso de la paz urbana.

Hace exactamente un año, el 20 de marzo del 2023 el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego que avanzaba con el clan del Golfo por cuenta de un paro armado que bloqueó durante varios días el bajo cauca antioqueño, liderado por esta organización armada, la cual se estima tiene entre 6 mil y 9 mil hombres y rentas que llegan a ser hasta de $4.400 millones de dólares al año y con presencia en 392 municipios. Un año después la posibilidad de ese diálogo se vuelve a abrir. El Presidente reiteró que se estaría hablando de acogimiento a la justicia y que ya ha tenido diálogos con la fiscal general electa, Luz Adriana Camargo para avanzar en un marco que permita el acogimiento colectivo.

Una vez se conoció este anuncio, la organización armada que se autorreconoce como Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanistas de Colombia, también conocidos como AGC o Clan del Golfo manifestaron que están prestos a acudir donde se indique para iniciar la negociación de condiciones políticas para lograr transformaciones sociales. De otro lado, negaron nexos con el narcotráfico y con el tráfico de migrantes. Sin embargo, esta mañana en 6AM Hoy por Hoy el abogado de esta organización armada, Ricardo Giraldo señaló que sometimiento no va a haber y reiteró que ellos tienen estatus político y que esto se los dio la comunidad.

Justo cuando se vuelve a abrir el debate sobre el reconocimiento de esta organización con estatus político, que hasta el momento ha sido reconocido como actor no rebelde, la Fundación Ideas para la Paz y el Crisis Group lanzan dos informes en el que en el primero se evidencian las lecciones del diálogo exploratorio con las AGC hasta 2018, los errores que se cometieron y los puntos para tener en cuenta en un nuevo diálogo. Mientras que, en el segundo, se señala la necesidad de la paz con esta organización para que se pueda completar el rompecabezas de la Paz Total, diálogo que no resulta nada fácil, pues es la organización más numerosa y con más recursos con la que debe dialogar el gobierno nacional.

Lo que dicen los panelistas

Para Jairo Libreros, abogado, profesor en la Universidad Externado y experto en asuntos de seguridad, mientras se mantenga la situación ambivalente de dar reconocimiento político que en lo legal es imposible para Clan del Golfo o pensar en la vía de sometimiento por su naturaleza, cualquier proceso está llamado al fracaso, “si hay un mecanismo que permita la negociación bajo un régimen especial, sería viable encontrar mecanismos para reducir violencia y suspender algunas operaciones”, en ese sentido, comentó que hay que buscar un camino intermedio que facilite el proceso, “si se utilizan mecanismos como cese al fuego, se puede utilizar otro mecanismo para tener mesa de negociación, pero al tiempo debe tener justicia, verdad e incentivos”.

Sobre los incentivos para que firmen la paz y se sometan, dijo que hay relación con la impunidad, “ellos esperan un margen de impunidad al pasar poco tiempo en la cárcel o un mecanismo alternativo que permita tener condiciones diferentes”. Otra de las motivaciones sería el tema de seguridad, pues explicó que, en el Código Penal, no hay forma de establecer mecanismos de garantías en seguridad colectiva.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que parte de lo que ha pasado es que las declaraciones del Presidente son confusas, “todo esto de Paz Total es confuso y genera incentivos en el sentido de que las organizaciones quieren un ropaje político”, pues resaltó que el Clan del Golfo está en la estrategia de ropaje político hace rato y ha escalado en esa búsqueda porque quiere una negociación dentro de las condiciones de una negociación política, pero recuerda que esta figura solo es para rebeldes.

Manifestó que una lección del proceso 2015-2018 es el campo en el que se juega la negociación y qué rol juega tanto los instrumentos jurídicos, como los instrumentos de seguridad, “la estructura de incentivos no están dados para que esta organización entre en ningún proceso de acogimiento con este Gobierno”. De otro lado, dijo que es necesario saber más de este grupo, “realmente esto es un tema de inteligencia y de entender cuáles son los incentivos de estos grupos”.

Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group, el Clan del Golfo están en modo de expansión, tienen muchos recursos y están reclutando, “ahora tenemos enfrentamiento entre EMC y AGC, entonces si soy ELN, ¿Qué motivo tengo para dejar las armas si no estoy seguro de que no entra el Estado, sino las AGC? Eso está flotando en la mesa de negociación”. También señaló que en este momento si se visita la costa atlántica, la gente se siente abandonada ante la gobernanza criminal, el control territorial y el impacto de la economía ilegal.

Aclaró que estamos muy lejos de un punto de desmovilización con todos los grupos armados, “debe haber mecanismos para atacar la violencia que viven las comunidades, entonces sí vale la pena un canal para conversar”.

Ariel Ávila, senador de la república por la Alianza Verde e investigador en temas de conflicto, resaltó que hay que tener un marco jurídico de sometimiento colectivo, “hay un proyecto de ampliación de Ley de Justicia y Paz que buscaría incluir algunos exparamilitares, pero hoy no hay marco jurídico”. También comentó que en adelante viene un tire y afloje en el reconocimiento político, “hay un incentivo perverso de reconocer al EMC porque todo el mundo lo va a pedir y seguramente después de julio tendremos claridad de si hay proyecto de ley o no”.

Sobre ese proyecto, dijo que los llamados a sacar adelante esa ley son el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Justicia y los senadores, pero no hay claridad, “hay realidad en el territorio con algunos mandos medios que tienen intención punible de pagar menos y quedarse con recursos”, de otro lado, dijo que se debe atender a la base de la organización, “ellos quedan con poca pena, ¿Y la plata?”