Reclamos de exFarc a la JEP, ¿cómo resolver las tensiones?

En Hora20 el análisis a una nueva tensión que aparece en el país, la que provocan los antiguos miembros de la guerra de las Farc en una carta que envían al presidente Petro y en la que expresan duras críticas a la JEP. Se habló del alcance de las amenazas, del rol del tribunal de paz y de las acusaciones que hacen los exfarc. Después una mirada a los trinos del presidente Petro después del encuentro con el presidente de la Corte Suprema y de su nuevo llamado a las movilizaciones.

Justo cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aterriza en Colombia para verificar el cumplimiento del Acuerdo de paz y en el momento en el que se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a emitir sentencias y sanciones, siete antiguos miembros del secretariado de las Farc envían una carta de 15 párrafos al presidente Gustavo Petro en el que aseguran que las decisiones judiciales que viene tomando la JEP, “la alejan del espíritu del Acuerdo de Paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz”, incluso, advierten que firmantes y comparecientes se apartarían de las decisiones adoptadas por al JEP. Además, de asegurar que la JEP es el principal causante del aumento de las filas de los grupos armados ilegales y de la violencia.

Las preocupaciones que expresan los exfarc son básicamente cuatro: aseguran que la apertura de 11 macrocasos entre los que se cuentan los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento o violencia basada en género, pues aseguran que esto afectará la temporalidad de la jurisdicción. Otro de los temas que les preocupa es las expulsiones de la JEP sin poder controvertir la decisión. El tercero es lo que está pasando con las amnistías, pues afirman que, de 4.448 solicitudes, solo 688 han sido aceptadas y 3.804 negadas. Sin embargo, la JEP ha dicho que han sido más de 7 mil las solicitudes de amnistía que se han concedido. El otro tema que les preocupa es la vinculación, según ellos, cada vez mayor de mandos medios y bajos en las indagaciones, un hecho, que estaría prendiendo las alarmas sobre la seguridad jurídica de los firmantes de paz.

Después de darse a conocer esta carta, la JEP emitió un comunicado diciendo que los comparecientes que hacen parte de las decisiones de la jurisdicción están sujetos a la pérdida de beneficios y a regresar a la justicia ordinaria, además, responden diciendo que no les corresponde a los comparecientes emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir su mandato.

Lo que dicen los panelistas

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, exsenador y director del partido En Marcha, planteó que la carta tiene despropósitos como amenazar con no cumplir con las decisiones de la JEP, y el segundo despropósito, es señalarla como responsable de que la gente vuelva a las armas. No obstante, señaló que sí hay temas de fondo y que requieren un diálogo, tiene que ver con el problema de interpretación que hay del Acuerdo y de la creación de la JEP, “la carta sí expresa una preocupación válida de que están acumulando resoluciones de conclusión en cada uno de los comandantes, mientras que en el diseño de la JEP quedaba claro que cada comandante era sujeto de una sola resolución”.

De otro lado, dijo que, en el tema de amnistía, durante el gobierno Santos se aprobó la ley, con lo cual, advirtió que el proceso debe ser mucho más ágil. Por último, dijo que, si hay razones de preocupación, no son los comparecientes los llamados a señalar esos problemas, “pero sí es necesario que el Gobierno se siente con JEP y se defina una interpretación para cumplir con el diseño de la JEP para que se aplique la priorización”.

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, la carta tiene una parte desafortunada que es la amenaza de que si esto no cambia, más o menos vuelven a las armas y asocian el incremento de grupos armados ilegales por cuenta de actuaciones de la JEP, “algo que no es cierto, eso viene ocurriendo por otras situaciones, eso es tremendamente desafortunado y eso empaña algunas críticas razonables que tienen frente a la JEP, sobre todo, en materia de seguridad jurídica”. En ese sentido, comentó que la lógica que tenía inicialmente el tribunal de priorización y selección de casos para no cometer los errores de Justicia y Paz se ha ido cambiando ante la apertura de otros macrocasos, “las medidas se han incrementado en macrocasos y los jueces están investigando y haciendo su labor, con lo cual, encuentran que los que fueron amnistiados por delitos amnistiables porque no tenían otros delitos dentro de la justicia, empiezan a ser llamados por otros delitos”.

Antonio Sanguino, excongresista, excandidato a gobernación de Cesar, exconcejal y consultor, señaló que corresponde defender la JEP y atender las preocupaciones y discusiones al tiempo que se reprochan las amenazas de los antiguos miembros de las Farc, “hay que dar salidas para que la JEP cumpla el papel y para que conserve y materialice el espíritu del Acuerdo; que se consolide como tribunal de transición que permita que el proceso de paz y el acuerdo termine de la mejor manera posible”. Resaltó que esa salida institucional se puede dar a través de un consenso político u aprovechar la llegada del Consejo de Seguridad para tramitar preocupaciones planteadas con alguna o mucha razón por parte de exdirigentes de las Farc, “es superar este impase de manera consensuada de tal forma que este instrumento cumpla el papel para el que fue creado”.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, resaltó que parece que las instituciones solo son funcionales cuando no tocan los beneficios particulares, “mientras la JEP hizo todos los descubrimientos en temas de paramilitarismo no oímos voces de exFarc cuestionando la actuación de la JEP, pero cuando entra a revisar los temas que los involucran, empiezan a cuestionar su legitimidad”. Resaltó que la carta no se compadece con quienes han honrado el acuerdo, “ellos participaron de esa construcción, es el resultado más importante del Acuerdo, tener el tribunal, entonces el tono es destemplado y creo que erraron en el camino”, pues recordó que la justicia ordinaria también tiene problemas y nadie dice que se debe desconocer y desatender, “se puede canalizar de otra forma estas necesidades, es una institución muy joven y hay que solventarlo de la mejor manera”.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, exviceministro de Defensa, manifestó que este pronunciamiento cae mal y que no es a punta de amenazas como se van a conseguir avances, “es increíble que pongan la institucionalidad en duda por parte de quienes se han beneficiada con un acuerdo en el que muchos estuvieron en desacuerdo”, señaló que si renuncian, pues estará la justicia ordinaria y les irá peor, “de alguna manera es triste que cuando decisiones de instituciones garantizan justicia o aplicación de la norma, no gustan, entonces se van en contra de ella; todos debemos dar cuenta de que las instituciones sirven por alguna razón y protegen el sistema democrático”.