Tranquilidad o libertad, seguridad o derechos humanos: el 'dilema' salvadoreño

Cinco años después de su elección presidencial, Nayib Bukele intenta mantener su mandato frente a una población que lleva lustros clamando por seguridad y que lo ha logrado, en buena medida, a costa de perder sus libertades por cuenta de las fuertes medidas de combate a pandillas implementadas por el presidente.

La decisión ocurrió en marzo del 2022 cuando un fin de semana estuvo enmarcado por 87 asesinatos. Esto llevó a Bukele a instaurar un régimen de excepción que ha sumado 76.000 detenidos y redujo drásticamente las tasas de homicidios: en 2015 eran 106 por 100.000 habitantes y en 2023 fueron 2,4 por cada 100.000 habitantes.

Estas detenciones no ocurrieron bajo la rigurosidad de la ley pues según denunciaron organismos como Human Right Watch y Aministía Internacional, además de grupos humanitarios locales, hubo “detenciones arbitrarias” que han dejado ya más de 7.000 personas han sido liberados por ser inocentes.

Las historias del común

Álvaro disfruta de una fiesta improvisada en una plaza de San Salvador en vísperas de votar en las elecciones del domingo. Ya no hay pandillas por ahí aterrorizando a la gente. Pero esa tranquilidad es para otros, como Maricela, a costa de libertades.

En las calles es normal oír que votarán por el presidente Nayib Bukele, quien goza de una aprobación del 90% gracias a su política de “mano dura” contra las pandillas. Según las encuestas tiene asegurada la reelección para gobernar otros cinco años.

“Tenemos un presidente que gobierna para los salvadoreños. A esto le llamamos paz, tranquilidad y libertad... Pensé que era algo que mis ojos nunca iban a ver”, dijo a la AFP Álvaro Pérez, un carpintero de 47 años, en San Salvador.

Pérez asistía a una improvisada fiesta en una plaza de la capital en vísperas de la votación, algo impensable hace un par de años. Pero esta será la primera vez, desde el fin de la guerra civil en 1992, que El Salvador va a las urnas con militares en las calles, bajo estado de excepción.

El cambio

Pero Bukele es, por lejos, el líder más popular de América Latina. La gente dice ahora sentirse libre y segura, y los pequeños negocios pueden operar sin tener que pagar la llamada “renta” a las temidas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).

Una empresaria de transportes, que prefirió el anonimato por temor a que haya “mareros” escondidos, contó a la AFP que debía pagar 560 dólares al mes de “renta” y algunas veces miles de dólares: “Amenazaron con matar a mi mamá, a un hermano o algún otro familiar si no pagaba”.

Alberto Serrano, conductor de Uber de 40 años, dice que “todo ha cambiado” desde que comenzó la represión de las bandas a las que Bukele atribuye unas 120.000 muertes desde el final de la guerra civil.

“Si subían al autobús y te decían a ti, el pasajero: ‘Dame un dólar’, y te negabas, en el mejor de los casos te pegaban; en el peor, te mataban”, cuenta a la AFP Serrano, quien antes era conductor de buses.

Beatriz Martínez, vendedora de artesanías de 32 años, dice que no pudo visitar por años a su madre porque vivía en un barrio controlado por una pandilla rival a la zona donde ella vive. “Ahora puedo ir a verla, hay tranquilidad incluso en la noche”, asegura.

Hace unas semanas el país acogió incluso la visita del astro Lionel Messi y hace tres meses el concurso de Miss Universo, lo que, según Bukele, demostró que El Salvador “ha cambiado para siempre”.

“Hemos perdido libertad”

Pero Maricela Méndez, de 35 años, que estuvo presa cinco meses, embarazada, es la otra cara la moneda: “Vivimos en un país militarizado. Es una seguridad a costa de libertad y de inocentes, sobre todo de jóvenes”, dijo a la AFP, clamando su propia inocencia.

Amnistía Internacional registra además “236 casos de desapariciones forzadas” y “más de 200 muertes bajo custodia del estatal”, y señala que El Salvador es el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con 102.000 presos.

Miguel Juárez, un taxista de 37 años, dice que votó por Bukele cuando ganó en 2019 con 53%, pero esta vez no lo hará “aunque trate de amedrentar” diciendo que con la oposición se “volverá al pasado”.

“Hay gente resentida porque se les han llevado a sus familiares y son inocentes. Hay además corrupción y la vida está muy cara”, argumentó.

Carlos, quien prefirió identificarse sólo con un nombre, tuvo que cerrar su quesería en 2019 porque no pudo aguantar la extorsión de 100 dólares que debía de pagar por semana a las pandillas. Aún así, es crítico.

“Siempre sentimos temor, pero no podemos confiar 100% en la policía y los militares, entre ellos hay personas malas. La gente tiene lo que quería, seguridad. Pero eso no es todo, hemos perdido libertades”, aseguró.

Ya no temen a las pandillas sino a la policía

Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, se han producido más de 75.000 detenciones. Rina Montti, de la organización humanitaria Cristosal, no da abasto.

“Tenemos hasta el momento 3.730 personas que nos han interpuesto denuncia (...) El 90 % están hablando de detenciones arbitrarias, es decir, detenciones que no se les ha justificado”, afirma a EFE.

La mayoría de ellos, dice, son hombres de entre 18 y 35 años, “usualmente de zonas empobrecidas” que habían estado “estigmatizadas” por el control de las pandillas.

Un régimen de excepción en el que primero se sospecha que impusieron ciertas cuotas para arrestar al mayor número de pandilleros, y que “ahora básicamente se está aplicando a cualquier persona que en determinado momento un policía pueda considerar que está faltando a algún tipo de ley”, según la activista.

“Ahora le tengo miedo a la policía”, reconoce Montti, que pasó de temer a las pandillas, a sentir lo mismo con las fuerzas de seguridad. “Lo triste es que estoy hablando siempre de temor, solo estás cambiando el rostro del victimario. Y eso sí es muy preocupante, porque entonces la paz, que es lo que se pretendía tener con la neutralización y el encarcelamiento de los pandilleros, que fueron crueles de una manera indescriptible, simplemente ahora lo estás pasando a los policías”, dijo.

Los centros penitenciarios, sentencia, “son básicamente centros de tortura”, con más de 180 casos documentados por la organización de reos muertos, “y las condiciones incluso cuando salen los cuerpos son totalmente deplorables, personas que se han muerto literalmente de hambre”, otros con cicatrices, “el mismo cuerpo habla por sí mismo”.